El estafador colombiano David Murcia Guzmán, condenado en Panamá por el delito de “captación de manera masiva y habitual de recursos económicos del público sin autorización competente” (pirámide), le pidió al presidente colombiano, Gustavo Petro, que lo nombre como “gestor de paz”.
Su solicitud se dio luego de que Petro ofreciera al exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, preso e una cárcel en Georgia (Estados Unidos), el rol de “gestor de paz”.
Según Petro “el proceso de paz entre el gobierno de (Álvaro) Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad sobre las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo”.
Mancuso dijo este lunes en una carta que está comprometido con la paz total y con “ajustar y finalizar” la negociación con los paramilitares.
Murcia Guzmán, fundador del grupo DMG, fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Panamá y deportado a Colombia dos días después de la intervención de las autoridades a su conglomerado de empresas en Colombia que captaba dinero a través de tarjetas prepago.
En Colombia Murcia fue sentenciado en 2009 a 30 años cárcel como “responsable de lavado de activos captación masiva y habitual de dineros del público”. Está detenido en la cárcel Tramacúa de Valledupar.
Su abogado Santiago Morales, dijo a la revista Semana que la intervención de Guzmán en la liquidación de DMG, “en la cual nunca se le ha permitido participar de manera activa y presencial, permitirá tener mayor claridad sobre el inventario aprobado de activos registrado por la actual liquidadora y aprobado por varios jueces de la Superintendencia de Sociedades, el cual, desde la perspectiva de Murcia, debe ser revisado y validado, aprovechando que la liquidación aún no ha terminado”.
Murcia dice que implementaría programas sociales a favor de la “familia DMG” a cambio de su libertad.
Murcia Guzmán captó a unas 780 personas en Panamá, cuyas pérdidas en el negocio piramidal rondan los 3.5 millones de dólares.
Además de Panamá, DMG tuvo “sucursales” en Venezuela y Ecuador, pero fueron intervenidas por los respectivos Gobiernos.
