La Defensoría del Pueblo reiteró este martes 24 de junio su llamado a la paz, al diálogo y al respeto de los derechos fundamentales en medio del estado de emergencia decretado en la provincia de Bocas del Toro, tras los episodios de violencia ocurridos en los últimos días.
En una conferencia de prensa realizada en David, Chiriquí, el defensor Eduardo Leblanc informó que se han abierto 50 expedientes relacionados con presuntas vulneraciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas y los operativos policiales.
Leblanc detalló que la institución advirtió desde el pasado 14 de junio sobre posibles focos de violencia en la provincia. Aunque no se anticipó la magnitud de los hechos, aseguró que la Defensoría alertó a las autoridades a fin de tomar medidas preventivas. “Rechazamos todo acto de violencia y reiteramos que las diferencias deben resolverse por la vía del diálogo”, sostuvo.
En cuanto al monitoreo de la situación, la defensora adjunta explicó que el personal regional de la Defensoría en Bocas del Toro se mantiene resguardado en sus hogares debido a amenazas recibidas. No obstante, equipos provenientes de otras provincias, como Chiriquí y Veraguas, continúan verificando el respeto al debido proceso y las condiciones de detención de los privados de libertad.
Defensoría verifica Derechos Humanos en el marco del Estado de Urgencia en Bocas del Toro.@eleblancg pic.twitter.com/pvNuOc65op
— Defensoría del Pueblo de Panamá🕊 (@DefensoriaPan) June 24, 2025
Hasta el momento, la institución ha entrevistado a las 71 personas detenidas inicialmente en Bocas del Toro, quienes fueron trasladadas primero a la cárcel pública de Chiriquí y posteriormente a otros centros penitenciarios en Veraguas.
Además, se confirmó que al menos dos mujeres están detenidas en el centro de detención de Algarrobos, Veraguas. La Defensoría, junto al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, evalúa sus condiciones de salud, incluyendo denuncias relacionadas con vestimenta, cortes de cabello y traslados.
Respecto al acceso a servicios judiciales, Leblanc señaló que el cierre temporal de juzgados, así como los daños reportados en instalaciones como el Instituto de Medicina Legal y la Dirección de Investigación Judicial, podrían ralentizar los procesos legales. No obstante, aseguró que la institución está dando seguimiento a los *habeas corpus* y otras garantías procesales.
El defensor también respondió a críticas en redes sociales por el uso de plataformas digitales para recibir denuncias, pese a las interrupciones en telecomunicaciones en Bocas del Toro.
Aclaró que el servicio de internet no está completamente caído, y que algunas personas han logrado conectarse a través de redes de Costa Rica o desde zonas con señal parcial. Por razones de seguridad, los funcionarios han evitado portar vestimenta oficial y se movilizan en medios discretos como bicicletas.
Además, Leblanc reconoció que algunas personas detenidas han declarado no tener vínculo con las manifestaciones en el momento de su aprehensión. “Estamos recopilando sus testimonios y solicitando a la Policía Nacional los informes respectivos para confirmar si hubo irregularidades”, dijo.
Sobre las cifras oficiales, la Defensoría indicó haber verificado a 71 personas, aunque fuentes estatales hablan de hasta 74 detenidos. “Toda información, incluso la del Estado, debe ser verificada por nuestro personal”, recalcó Leblanc.
La Defensoría del Pueblo también informó que se encuentra en comunicación con organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han mostrado preocupación por los hechos en Bocas del Toro.
Asimismo, confirmó que el Gobierno ha notificado oficialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de emergencia.
Por otro lado, Leblanc hizo un llamado al gremio docente para que retome las clases, subrayando el impacto negativo de las interrupciones escolares. “Tenemos una generación que ha perdido más de 500 días de clase desde la pandemia. El derecho a la educación no puede seguir siendo postergado”, advirtió.
