Una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será presentada tras la detención de Lucrecia Caisamo y Elivardo Mambeche caciques de la Tierras Colectivas de la Provincia del Darién, a raíz del proceso que se les sigue por los delitos de privación de libertad y lesiones personales en perjuicio de la cabo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) Inés Guainora.
Héctor Huertas, abogado de los imputados, alegó que sus clientes no tuvieron participación directa en la situación de Guainora registrada el pasado 20 de mayo y que se les esposó de pies y manos como si se tratara de delicuentes peligrosos.
También detalló que las unidades del Senafront hicieron uso excesivo de la fuerza al lanzar bombas lacrimógenas dentro de las residencias de habitantes de la comunidad de Arimae que no participaban de las protestas contra la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Huertas explicó que mañana se celebrará una audiencia de apelación contra las medidas de detención preventiva aplicadas Lucrecia Caisamo, Elivardo Mambeche e Isaías Caisamo y para que se levanten la medida de retención domiciliaria aplicadas a Inés Salazar y Luciana Caisamo también imputados en este caso.
Relató que todos los imputados se entregaron voluntariamente a las autoridades, pero que a pesar de ellos se les trató como delincuentes comunes.
Por este caso aún las autoridades no han logrado identificar a un hombre encapuchado captado en un vídeo agrediendo a la cabo Guainora.
Entre las pruebas que se aportarán en la denuncia ante CIDH se encuentra un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se revela el uso indiscriminado de gases lacrimógenos por parte del Senafront contra residentes de la comunidad de Arimae.
