Renaul Delgado Barrios, quien figuraba en uno de los avisos de se busca de la Policía Nacional, quedó detenido provisionalmente mientras se le investiga por un caso de presunto fraude de $21 millones contra la Dirección General de Ingresos (DGI).

+info

Una juez favorece al contratista del CRU de San Miguelito con una fianza de $800,000El CRU de San Miguelito: una obra millonaria en manos de un empresario buscado por la PolicíaFiscalía investiga el contrato del CRU de San Miguelito, mientras crecen dudas sobre el equilibrio contractual y los pagos a los Pineda

Se trata del quinto imputado por un juez de garantías como consecuencia de la Operación Espejismo, según informó un boletín de prensa de la Procuraduría General de la Nación (PGN) divulgado este sábado 18 de septiembre.

En la audiencia de solicitudes múltiples, en la que el juez legalizó su aprehensión, la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada sustentó cargos por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales.

Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI
Cinco personas son investigadas en el marco de la Operación Espejismo. Foto: Cortesía PGN

Según la Procuraduría, el esquema funcionó así: presuntamente se entregaba dinero a servidores públicos de la DGI, mediante cuentas bancarias y otras formas de pago, para que alteraran la plataforma de impuestos y dieran acceso a créditos fiscales ficticios.

La investigación comenzó en 2024.

La PGN no precisa en su nota de prensa qué papel cumplía Delgado Barrios en la red, ni cuándo ni dónde fue aprehendido.

La conexión con el CRU de San Miguelito

Delgado Barrios figura como gerente de operaciones del consorcio HCG S.A., la empresa que construye el Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito.

La obra, adjudicada por la Universidad de Panamá (UP) en 2019, fue contratada por $65.9 millones, pero su costo ya se acerca a los $88.3 millones.

Por este caso también se investiga a Luis Alberto Gaitán Mendoza, presidente y representante legal del consorcio HCG, junto con Efraín Chérigo Moreno, contador y socio de Gaitán, y Dídimo Rodríguez Ayala. Todos ellos también eran buscados por la policía.

Hay otro implicado pero no se ha divulgado su nombre.

Delgado Barrios también es el presidente de Concag S.A. empresa que de acuerdo con registros de Panamá Emprende está ubicada en La Chorrera y se dedica a la construcción en general y obras civiles.

Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI
El nuevo Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, ubicado en la entrada de Chivo Chivo en la comunidad de Las Cumbrecitas, corregimiento de Las Cumbres, en Panamá norte. Foto: Isaac Ortega

La UP defiende la obra

El rector de la Universidad de Panamá Eduardo Flores dijo que los delitos que se le endilgan al presidente del consorcio HCG no están relacionados con el CRU.

“No lo creo, ya que la empresa del señor Gaitán no pone dinero para la construcción del Centro. Por el contrario, en función del avance de la obra y su verificación, nosotros tenemos que pagarle”, precisó Flores.

La UP incluso divulgó un comunicado en el que asegura que una auditoría de la Contraloría realizada al contrato el año pasado no identificó “debilidades”, “irregularidades” o “fallas” relacionadas con su gestión, ejecución y supervisión.

El nexo con Raúl Pineda

En 2025, el consorcio HCG estuvo en la mira del Ministerio Público por informes sobre presuntas transacciones bancarias sospechosas que indican que el diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y otras dos personas detenidas como parte del operativo antinarcóticos Jericó habrían recibido fondos del contratista del CRU.

Delgado incluso participó en una gira que en 2022 realizó la Comisión de Presupuesto de la Asamblea a la obra. Entre los diputados que recorrieron la obra figuró Pineda, entonces vicepresidente de la comisión.

Espejismo avanza en paralelo a la Operación Pandora, la mayor investigación sobre fraude a la DGI, en la que se calculó un perjuicio económico de al menos $40 millones.