Las declaraciones de la procuradora Kenia Porcell evidencian una situación dramática que podrían requerir de acciones de varias instituciones. Por un lado, la procuradora debe formalizar una denuncia ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea para que se conforme la respectiva fiscalía y se designen jueces de garantía entre los diputados de esa comisión para investigar a los magistrados involucrados.
Paralelamente, el propio Ministerio Público (MP) debe abrir una nueva investigación sobre los pinchazos y posible extorsión de altos funcionario. Además, el MP debe alertar a Estados Unidos e Italia que la información obtenida ilegalmente está en dichas jurisdicciones y se está usando para una posible extorsión internacional, lo que constituiría un delito de corrupción internacional, severamente penado en esos países. Si el magistrado De León querella a Porcell, le correspondería a la propia Corte llevar adelante este proceso, pero su investigación le correspondería a la Procuraduría de la Administración.
De León puede invocar el Código Procesal Penal y convertirse en un “colaborador eficaz”, denunciando a quienes presuntamente lo hayan amenazado con un chantaje. En tal caso, todo lo contenido en esos pinchazos sería evidencia ilegal, y por lo tanto, no podría ser utilizada en contra del magistrado De León ,pero sí contra quienes supuestamente hayan intervenido sus comunicaciones. En tal caso, la investigación le correspondería al Ministerio Público.
