La firma forense Patton, Moreno & Asvat aclaró cuál fue su rol en relación al contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A., adoptado a través de la Ley 406 de 2023, hoy declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
En un comunicado divulgado este viernes, el bufete empieza explicando cómo llegó al proceso: fue contratado como “abogados locales” de las firmas legales internacionales “al servicio del Estado”, en noviembre de 2022, cuando ya estaban acordados los términos principales del contrato minero, pero había un “estancamiento” en las negociaciones sobre el monto que debería pagar la minera a Panamá.
Asegura que “gracias al trabajo arduo de nuestro equipo”, se logró garantizar el aporte anual de $375 millones a favor del Estado y se cerraron tres procesos arbitrales que ya entonces había iniciado la minera: dos amparados en tratados de inversión y uno “de tipo comercial”.
En el comunicado divulgado, Patton, Moreno & Asvat sostiene que su trabajo se enmarcó en la negociación y redacción de las cláusulas vinculadas a los aportes que recibiría el Estado, “ninguna de las cuales fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia”.
La firma asegura que sus honorarios distan mucho de las sumas “que con insistencia se mencionan en los medios y en las plataformas tecnológicas”, pero no precisa cuánto realmente cobró por sus servicios.
En la Fiscalía de Cuentas ya hay una solicitud para que la Contraloría General de la República realice una auditoría sobre el manejo de $5.9 millones que Federico Alfaro (ministro de Comercio e Industrias hasta la semana pasada) solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sufragar los gastos de redacción del contrato minero.
En representación del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Patton, Moreno & Asvat envió un alegato a la Corte Suprema, solicitando que declarara que la Ley 406 no era inconstitucional, basándose en que -según la firma- el nuevo contrato de concesión minera no requería de licitación porque el régimen jurídico especial para el yacimiento de Petaquilla, establecido en 1969, permanece derogado.
“Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no consideró este punto en su fallo del 27 de noviembre de 2023″, enfatizó.
