Las protestas no cesan. Calles y carreteras siguen bloqueadas, pese a las medidas que el Ejecutivo anunció para contener la furia ciudadana por la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá: dos proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional.
Ayer miércoles 1 de noviembre los manifestantes cerraron de manera intermitente las vías que conducen a los puentes Centenario y el de Las Américas. Lo mismo ocurrió con la vía Transístmica, en la capital, a la altura de la Universidad de Panamá, al igual que en la vía España. La mayoría de los bloqueos fueron promovidos por miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, agrupación que exige la derogatoria de la Ley 406.
Escenario similar se repitió en buena parte del país: en Panamá Oeste, en Coclé, en Veraguas, en Los Santos y en Chiriquí, entre otras provincias.
En Boquete, Chiriquí, población que vive del turismo, se vivió un episodio particular. Su alcalde Joswar Alvarado, a través de su cuenta en la red social X, pidió ayuda a la Policía Nacional para desbloquear los accesos hacia esa comunidad, ya que a los residentes no se les permite entrar ni salir. En la zona se ha denunciado desabastecimiento de alimentos y combustible.
En Bocas del Toro también se quedaron sin combustible debido a los cierres en Almirante y Changuinola.
Mientras en la capital los supermercados se quedan sin frutas y legumbres, productores del interior del país no pueden transportar sus cosechas.
En la capital, el rechazo a la Ley 406 tiene en pie de lucha a educadores, estudiantes, ambientalistas, obreros, médicos. La Asociación Nacional de Enfermeras, quienes decretaron un paro de labores escalonado, piquetearon frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en el corregimiento de Ancón, para exigir celeridad en el trámite de las múltiples demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406. Los procuradores de la Nación, y de la Administración, Javier Caraballo y Rigoberto González, respectivamente, opinaron que la norma es “inconstitucional”.
Otros que se unieron a la causa fueron los conductores de buses colegiales, quienes realizaron una caravana por la Ciudad de Panamá en señal de apoyo a los grupos que han protestado en las calles durante dos semanas. Las bocinas de los vehículos irrumpían con fuerza por la avenida 12 de octubre, en el corregimiento de Hato Pintado, donde comenzó la caravana.
Reportes de la policía
Hasta ayer miércoles en la mañana, la Policía Nacional había arrestado a 878 personas, por supuestamente alterar el orden público e incurrir en vandalismo.
Algunas de las aprehensiones se registraron en la noche del martes y la mañana de ayer, cuando varias personas fueron detectadas cobrando a conductores por transitar en algunas vías y cometiendo actos de vandalismo en las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.
El Comisionado Elmer Caballero, se refiere a las acciones operativas efectuadas a nivel nacional durante las manifestaciones. #NoAlVandalismo pic.twitter.com/gSmteTHPlC
— Policía Nacional (@ProtegeryServir) November 1, 2023
Mientras tanto, en un confuso incidente, la policía detuvo a los dirigentes de la Asociación de Profesores de Panamá, Diógenes Sánchez y Samuel Pinto. También fue arrestado el abogado Rogelio Peralta, quien les acompañaba. El hecho ocurrió en momentos en que se encontraban en la Casa de Paz de Santa Ana.
La profesora Yimara Ramos explicó que acudieron a una citación judicial, pero que una vez dentro del recinto, una funcionaria, “de manera grosera” les pidió que abandonaran el salón. Cuando se disponían a salir se inició una discusión con una agente de la policía. Los esposaron y los subieron a un autopatrulla.
Ramos explicó que los tres fueron trasladados a la estación policial de Santa Ana. En la tarde fueron liberados.
