Cuando faltan 14 días para el inicio del juicio a 36 personas por los sobornos que Odebrecht repartió en Panamá, se conoce que el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales todavía no ha decidido todo el caudal de pruebas periciales, testimoniales y documentales, que serán presentadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción y los abogados defensores.
En el Órgano Judicial confirmaron que, debido al gran volumen de elementos probatorios aducidos tanto por la fiscalía como por los abogados de los 36 imputados, la juez Baloisa Marquínez todavía no ha tenido oportunidad de valorarlas todas. Además, la juez también ha tenido que atender otros asuntos y audiencias. Por ejemplo, estuvo dos semanas ocupada con el juicio del caso Blue Apple, que terminó el 4 de septiembre pasado. También ha conducido otros juicios de alto perfil, como los de los casos New Business y Lava Jato.
Algunos abogados defensores opinan que es poco probable que el juzgado pueda expedir el auto de pruebas a usarse en el juicio del próximo 27 de septiembre, ya que debe notificar a cada equipo legal que participará en el debate judicial. Y si algún abogado defensor no está de acuerdo con la exclusión de algunas de las pruebas presentadas, puede apelar ante el Tribunal Superior de Liquidación.
Precisamente, la admisión de las pruebas ya fue la razón por la que el juicio no pudo celebrarse en su fecha original: del 1 al 18 de agosto. Aquella vez, el Órgano Judicial, a través de un comunicado, informó que el juicio no podía empezar en ese día porque el juzgado aún no había concluido la evaluación de las pruebas presentadas por las partes.
La juez Marquínez también deberá decidir si admite una demanda civil presentada el pasado 8 de septiembre contra los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por el Ministerio de Seguridad Pública, a raíz de las afectaciones al Estado panameño por el caso Odebrecht.
