El procurador de la Administración, Rigoberto González, remitirá esta semana su opinión sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Ramón Sevillano contra la Ley 406 de 2023, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
Se trata del mismo contrata que ahora el Ejecutivo pretende llevar a una consulta pública para decidir su terminación o no, el próximo 17 de diciembre, según anunció el presidente Laurentino Cortizo la noche del domingo 29 de octubre, cuando se cumplió una semana de protestas ciudadanas ininterrumpidas en contra de la Ley 406.
En un comunicado hecho público en la mañana de este lunes, la Procuraduría de la Administración informó que si bien el artículo 2563 del Código Judicial le confiera un término de 10 días hábiles para emitir su opinión, González ya está trabajando en esa tarea.
Procuraduría de la Administración Informa pic.twitter.com/QveZhf1NbW
— Procuraduría de la Admon.🇵🇦 (@ProcuadmonPma) October 30, 2023
La demanda presentada por Sevillano está en el despacho de la magistrada María Eugenia López Arias, quien la admitió la semana pasada y la remitió al procurador González, quien estaba de turno en ese momento.
La Corte también envió al procurador Javier Caraballo una segunda demanda de inconstitucionalidad admitida por el magistrado Olmedo Arrocha, la cual fue presentada por Martita Cornejo.
Hay otras cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406, pendientes de admisión.
La magistrada López ordenó la suspensión de los términos judiciales durante el 2 de noviembre próximo, cuando en el país se conmemora el día de los difuntos. El personal laborará hasta mediodía. Las oficinas del sistema penal acusatorio mantendrán sus turnos.
