Una querella criminal fue presentada ante la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público contra el administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), Raúl Saucedo Alderete, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, específicamente abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
La acción legal fue interpuesta por Julio Macías y Yaritzel Durán el pasado 24 de abril, en representación de la empresa Hazmi S.A., a raíz de que el pasado 16 de abril de 2020, la Aupsa y el querellado divulgaron información en redes sociales y otros medios de comunicación sobre el decomiso de 10 contenedores de arroz de esta empresa. Alegan que la información que hicieron pública es difamatoria.
La Aupsa, en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), mantiene retenidos en los puertos de Cristóbal y Manzanillo 10 contenedores de arroz de Hamzi S.A. a la que investigan por comercialización “ilegal” de 2,400 sacos de arroz.
La denuncia señala que Salcedo “ha abusado del ejercicio de su cargo e infringido los deberes de servidor público al imponer y/o anunciar públicamente la información de una sanción de $80 mil dólares a la empresa Hazmi S.A., y señalado como infractor sin haber demostrado su responsabilidad previamente en un proceso, lo que adicionalmente viola la presunción de inocencia".
Los abogados de la empresa Hazmi S.A., consideran que Salcedo Alderete cometió posibles delitos en el ejercicio de sus funciones al indicar en un comunicado de la Aupsa "una vez más, se le daño el festín a la empresa Hazmi S.A., cuando al Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) y Aduanas, le cayeron encima incautando miles de sacos de arroz en tránsito destinados a la Zona Libre y reteniendo 10 contenedores en los puertos de Cristóbal y Manzanillo".
Los querellantes, además, solicitan la cuantía por $2 millones por los presuntos daños a la empresa.
Federico Pierre, jefe del departamento de Asesoría Legal de la Aupsa, expresó que “lo que sí es cierto que hubo una introducción al país irregular de un arroz, el documento con que esa carga arriba al territorio nacional no es el documento sanitario que, de acuerdo con la convención internacional fitosanitaria, debe acompañar la carga”. Es decir, habría presentado pruebas de laboratorio y no el certificado fitosanitario que expide Brasil.
En cuanto al proceso administrativo Pierre informó que hoy, lunes 27 de abril, los abogados de la empresa se notificaron del acto de infracción. Lo siguiente, dijo, será enviar el expediente a la unidad de investigación de la institución. Pero la empresa puede interponer los recursos que estime conveniente.
