“Es muy triste ver cómo se manejaron de una manera tan irresponsable los fondos de todos los panameños”, dijo el contralor Federico Humbert, respecto a las auditorías a las planillas y donaciones en la Asamblea Nacional.
Humbert indicó este miércoles 22 de agosto que, hasta ahora, se han presentado informes de auditoría “que vinculan a 10-15 diputados”. No precisó los nombres, pero en la Corte Suprema de Justicia ya se han recibido denuncias contra los diputados Aris de Icaza y Marylín Vallarino, de Cambio Democrático; Felipe Vargas y Leando Ávila, del PRD, y Jorge Alberto Rosas, del Panameñista.
Explicó que la Contraloría ha presentado las denuncias “poco a poco”, conforme encuentran las anomalías, para no cometer “el error de la forma en que presentamos lo de las juntas comunales”. En ese caso, fueron 186 auditorías y 300 cajas de documentos entregados al Ministerio Público.
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Humbert se refirió también a los contratos por servicios profesionales a través de la planilla 172, denominada cash back, ya que los beneficiados no trabajaban y del dinero que recibían se quedaban con 5% o 10%; el resto, retornaba al diputado.
“Había más de 900 empresas que, sin que sus administraciones lo conocieran, tenían personal que estaba cobrando también en la Asamblea”, remarcó.
Se refirió a una “situación peculiar”: un restaurante donde todo el personal estaba en la planilla “de un solo diputado”. “Eso se presentará al Ministerio Público. Toma tiempo conseguir todos los documentos autenticados”, indicó Humbert. No precisó el nombre del diputado o del restaurante.
El contralor también pidió a la Corte que resuelva el amparo que en mayo pasado presentó la diputada presidenta Yanibel Ábrego, contra la auditoría forense a la planilla 080 –que contiene los contratos por servicios profesionales del personal que trabaja con los diputados-.
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“Estamos procediendo con lo que ya tenemos a mano, pero cuando la Corte falle que la Contraloría puede, debe y tiene que fiscalizar los fondos del Estado, haremos esa auditoría”, señaló.
