Con un fuerte dispositivo de seguridad a las 9:00 a.m. se inicio este jueves el juicio oral por la masacre de los siete jóvenes en un búnker de Espinar (Colón), que ocurrió el pasado 17 de julio de 2020.
Para la audiencia presencial se trasladaron a los dos imputados por los delitos de homicidio y feminicidio agravado, robo agravado y privación de libertad. Se trata de Jean Carlos Hernández, alias Niñito, de 23 años, y Reynaldo Cuadra McBean, alias Reycito o Monstruo, de 26 años, quienes llegaron fuertemente custodiados por la Policía Nacional.
En este hecho fueron asesinadas las hermanas Azucena y Yulissa Martínez Daley; las también hermanas Leydis Mabel y Yeleny Yesibel Marriota Villarreta, de 15 y 16 años, respectivamente; Bladimir Garay, de 18 años; Edgar Jiménez, de 22 años y Santiago Carvajal, de 17 años y de nacionalidad colombiana, quienes ese día se trasladaron a disfrutar de un paseo en el lago de Espinar, el cual colinda con Puerto Escondido, en donde habitaban las víctimas.
La Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, representada por los fiscales Reynaldo Ceballos Góndola y Cristobalina Chambers, presentó dos pruebas testimoniales (testigos), quienes dieron su testimonio sobre lo que conocen de este caso.
En los próximos días los fiscales continuarán con la presentación de pruebas testimoniales, periciales, documentales y elementos materiales.
El Ministerio Público demostrará la responsabilidad de los dos imputados, que mantienen la medida cautelar de detención provisional, en los delitos de homicidio doloso agravado, feminicidio, contra la libertad individual y robo agravado. Los fiscales piden una pena de 72 años por los delitos cometidos en perjuicio de los siete jóvenes de la comunidad de Valle Verde.
Durante la audiencia, uno de los imputados pidió a los magistrados del Tribunal de Juicio cambiar de defensa, por lo que se decretó un receso para deliberar la petición. Sin embargo, el hombre desistió de la idea de contratar un abogado privado.
En la apertura del juicio oral también participaron presencialmente los dos imputados, víctimas, familiares de las víctimas y abogados de cada una de las partes vinculadas a la investigación.
Familiares de las víctimas claman justicia y pena máxima para los implicados y rechazan cualquier acuerdo de pena.
“Nuestros hijos fueron asesinados y merecen se hagan justicia, tenían un futuro por delante, le truncaron sus sueños y no les importó quitarles la vida”, dijeron.
