Una disputa por el pago del consumo de agua y electricidad en el PH Los Toneles, donde funciona la sede de la Defensoría del Pueblo, llegó a los tribunales luego de que residentes del edificio reclamaran que durante años asumieron parte de esos costos, mientras la institución sostiene que cuenta con sus propios contratos de suministro y que el pago del agua corresponde, según su contrato de arrendamiento, a la promotora del inmueble.
En una demanda civil, alegan que la Defensoría del Pueblo y otros locales comerciales que operan en el PH se “conectaron” de forma irregular para recibir estos servicios básicos, a costa de los vecinos.
El inmueble está ubicado en Vía España y, de acuerdo con los residentes, la situación se prolongó por 15 años. Por esa razón, han emprendido acciones legales.
La Defensoría respondió en horas de la tarde de este miércoles con un comunicado afirmando que no tiene 15 años utilizando este edificio como sede y que alquilan el local desde enero de 2022.
Además, que en el contrato de arrendamiento se establece que la promotora se compromete mantener al día el pago de los impuestos de inmuebles el consumo de agua potable.
La otra cara de la historia
Julio César Franco, representante legal de la asamblea de propietarios del PH Los Toneles, indicó que se percataron que algo raro ocurría, ya que los recibos por el consumo de agua no bajaban de $1,000 mensuales.
“Empezamos a investigar en el Idaan y nos dimos cuenta que el edificio que ocupa la Defensoría del Pueblo y los ocho locales que están aquí, en este edificio, no tenían medidores de agua”, afirmó Franco en declaraciones a Telemetro Reporta.
Entonces fueron al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (Idaan) y encontraron que la Defensoría, al registrarse como cliente, aportó el número de finca del condominio.
Para arreglar esta situación, solicitaron a El Tecal, que es la promotora del edificio, que pusiera orden para que la Defensoría tuviera sus propios medidores.
Explicarton que en cuanto eso ocurrió, la facturación de agua cayó a $25 mensuales.
Entonces, empezaron a sospechar que algo así también podría estar ocurriendo con el consumo de energía eléctrica.
Según Franco, hubo que esperar hasta febrero pasado, cuando a la Defensoría finalmente le instalaron su propio medidor.
Sobre este punto, la Defensoría alegó que la institución cuentan con sus respectivos contratos de suministro de energía eléctrica, “los cuales son pagados mensualmente”.
Si el problema de consumo se ha corregido, entonces, ¿por qué los vecinos han procedido por la vía legal?
A los tribunales
La situación llegó a los tribunales, ya que los residentes presentaron una demanda civil en la que reclaman $250,000 a El Tecal, ya que esta empresa arrendó las oficinas a la Defensoría del Pueblo.
También se acercaron a Eduardo Leblanc, que fue defensor hasta abril pasado.
“Sin embargo, lo que recibimos fue amenazas: nos dijo que ‘iba a utilizar el poder que le da el Estado para impedirnos pasar al sótano’”, recordó Franco.
No han tenido contacto con Ángela Russo, la actual defensora.
La demanda no es solo por la facturación de los servicios básicos de la Defensoría, sino también por supuestos “vicios ocultos” en el edificio.
La Defensoría afirmó que la controversia judicial corresponde a diferencias entre la administración del inmueble y la promotora.
