La fiscal superior anticorrupción, Leyda Sáenz, presentó ante un juez de garantías casi 150 pruebas testimoniales y documentales, durante la audiencia intermedia a 11 personas acusadas por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales, a través del manejo de fondos asignados por Pandeportes a federaciones deportivas, entre los años 2014 a 2018.
Entre los imputados están el exdiputado panameñista Adolfo Valderrama y los exdirectores del Pandeportes, Roberto Arango y Mario Pérez, al igual que Jair Peralta, de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba). Las pruebas, según Sáenz, vinculan a los imputados con el ilícito investigado.
La fiscal también reveló que la juez de garantías desestimó unos 11 de recursos de nulidad presentados por los abogados defensores contra el proceso.
Durante la audiencia que se desarrolla desde el pasado 22 de marzo, la fiscal dijo que entre las pruebas admitidas por el juez de garantías se encuentran dos informes de auditoría que revelan la existencia de una lesión patrimonial por unos $3 millones.
Gustavo Pereira, abogado del exdiputado Valderrama, alegó que en su momento refutará la teoría del caso presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia de malos manejos de los fondos de Pandeportes.
Según Pereira, la teoría esbozada por el Ministerio Público carece de sustento legal, ya que no se acreditó la existencia de una lesión patrimonial en perjuicio del Estado.
En tanto, Nicolas Brea, abogado de Peralta, dijo que no hay evidencias del supuesto mal manejo de los fondos.
Brea alegó que todos los gastos realizados por la Fepaba están debidamente justificados.
La investigación se inició el 30 de octubre de 2018, a raíz de una serie de reportajes investigativos publicados por el diario La Prensa, que daban cuenta de un cúmulo de irregularidades en el manejo de fondos públicos y entrega de implementos deportivos por parte de diversas federaciones y organizaciones deportivas.
La investigación reveló que los fondos asignados por Pandeportes y gestionados por diputados supuestamente fueron usados para adquirir implementos deportivos y financiar el desarrollo de ligas en sitios en los que dichos torneos no existen y en lugares en los que ni siquiera hay canchas.
Según un informe de la Contraloría, entre los años 2014 y 2018 se distribuyeron $59.9 millones entre 133 disciplinas, fundaciones y ligas deportivas.
