La Fiscalía Anticorrupción aún mantiene pendiente la ubicación de unos 63 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros investigados por la presunta comisión del delito de peculado en uso de fondos de la descentralización entregados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).
Fuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscalía también se encuentra ubicando información en instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República sobre los desembolsos realizados a través del programa PDIS.
La fiscalía también se encuentra en el proceso de tomar entrevistas a los actuales representantes de corregimiento encargados del manejo de las juntas comunales en las que se han detectado irregularidades en el manejo de los fondos entre los años 2019-2024.
Algunos representantes han señalado que no han ubicado documentación de los fondos asignados por la descentralización referentes al PDIS y que ello les han impedido seguir gestionando este programa.
La fiscalía remitió a la Dirección de Investigación Judicial un listado con 71 juntas comunales en las cuales es necesario ubicar a los exrepresentantes y tesoreros quienes eran encargados del manejo de los fondos.
Dentro de este caso, la Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos por peculado a 10 personas, entre exrepresentantes de corregimiento y extesoreros, por supuestos manejos irregulares de los fondos del PDIS.
La semana pasada, jueces de garantías imputaron cargos por peculado y aplicaron medidas cautelares de impedimento de salida del país a los representantes de corregimiento de Dolega y Quebrada de Piedra, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos.
La fiscalía también realizó diligencias en los distritos de David y Tierras Altas, donde se logró la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas con el ilícito bajo investigación.
Asimismo, se imputaron cargos y se dictaron medidas cautelares de notificación periódica para los exrepresentantes y extesoreros de las juntas comunales de Bisvalles y Boró, ambas ubicadas en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas.
La fiscalía también ha analizado las cuentas bancarias manejadas por las juntas comunales a fin de certificar si los fondos entregados corresponden con las obras emprendidas y si fueron concluidas.
