Una sentencia condenatoria para los 14 imputados por delitos de conspiración para el tráfico de drogas y blanqueo de capitales detenidos en la operación Fisher, fue la petición hecha por la Fiscalía de Drogas a los jueces que componen el tribunal de juicio.
El juicio, que inició el 26 de junio de 2025 y ha sufrido varias suspensiones por la ausencia de algunos defensores y por la presentación de recursos a último momento, se reanudó el jueves 24 de julio en la sala de audiencias de la Oficina judicial contra el crimen organizado, ubicada en vía España.
El fiscal José Leyva hizo la exposición de la teoría del caso, según la cual los imputados pertenecen a una red criminal que se dedica al tráfico de drogas y que está ligada al Clan del Golfo.
La fiscalía tiene previsto presentar 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales para sustentar su teoría del caso.
Como parte de esta investigación, la fiscalía logró incautar 10 millones de dólares en una residencia ubicada en el área de Costa Abajo, provincia de Colón. Según las pesquisas, ese dinero pertenecía a miembros del Clan del Golfo, quienes lo mantenían oculto ante la ofensiva desplegada por Colombia contra esa organización criminal.
Las autoridades identificaron a Jorge Luis General como el presunto cabecilla de la red. De acuerdo con las investigaciones, General era el encargado de coordinar la logística para el trasiego de drogas y dinero. Además, era propietario de la empresa Magna Pesca, utilizada para justificar el movimiento de fondos provenientes del narcotráfico. Según el Registro Público, esta compañía tiene como presidente al propio Jorge Luis General.
Al momento de la aprehensión de General, dueño de la empresa Magna Pesca, la fiscalía le decomisó la suma de $44 mil en efectivo y varias embarcaciones valoradas en unos $400 mil.
En este caso el tribunal de juicio ya validó 28 acuerdos de pena, luego que los imputados alcanzaron un consenso con la fiscalía sobre las penas de prisión aplicables.
La red criminal usaba residencias en la comunidad de Nueva Providencia, Colón, colindantes con el mar, como centros de recepción de droga y dinero. En una de estas casas se hallaron tres escondites (caletos) con unos 10 millones de dólares. Las otras residencias, también vinculadas al tráfico de drogas, fueron encontradas vacías.
Las pesquisas hechas por la fiscalía revelaron que el grupo contaba con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para ubicar con precisión los cargamentos. Además, los integrantes cambiaban frecuentemente los chips de sus teléfonos y usaban sistemas de encriptación para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas.
