El dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Génaro López, enfrentará en una audiencia intermedia este 5 de octubre el proceso por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos y estafa, por la supuesta apropiación de 14 fincas del proyecto Red Frog, ubicado en la provincia de Bocas del Toro.
En su escrito de acusación, presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, se solicita la aplicación de la pena máxima para cada uno de los delitos imputados al dirigente sindical, lo cual podría alcanzar hasta los 30 años de prisión.
En este caso también figuran los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez y Erasmo Cerrud. El primero obtuvo asilo en Bolivia y luego se trasladó a Venezuela, mientras que el segundo solicitó asilo político en Nicaragua, por lo que no se encuentran presentes en el proceso judicial. Méndez se encuentra fuera del país y Cerrud bajo protección de Nicaragua.
López mantiene una medida cautelar de reporte periódico y el uso de brazalete electrónico. Esta medida fue establecida en febrero de 2026, cuando un juez de garantías sustituyó el arresto domiciliario por el reporte periódico, manteniendo el brazalete electrónico.
El pasado 23 de julio se tenía previsto el inicio de la audiencia intermedia de este caso, en la que tanto la Fiscalía como los abogados defensores deben presentar las pruebas que usarán durante el juicio, pero la diligencia fue suspendida. La audiencia fue reprogramada para este 5 de octubre, cuando se deberá definir la admisión de las pruebas y si el proceso avanza a la etapa de juicio.
En esta fase, el juez de garantías debe decidir cuáles de las pruebas presentadas son conducentes para el juicio y cuáles deben quedar excluidas, pero esta audiencia fue suspendida y reprogramada para el próximo 5 de octubre.
Antonio Vargas, del equipo de abogados del Suntracs, alegó que en este caso la Fiscalía no ha probado la existencia de los delitos de blanqueo de capitales ni de falsedad imputados a López.
Vargas alegó que en este caso se trata de una disputa laboral o civil, que en todo caso debería dirimirse en esas jurisdicciones, pero que el gobierno lo usó como herramienta de persecución política contra el Suntracs.
El pasado 14 de mayo, la juez de garantías Jazmín Jaén desestimó una petición de la Fiscalía para que se le extendiera el plazo de investigación por un año más y consideró que la Fiscalía debía cumplir con el plazo de investigación.
La investigación de este caso se inició en 2022, a raíz de una denuncia presentada por trabajadores del Suntracs por la supuesta apropiación de las fincas. En agosto de 2025, la juez de garantías Sheryl Toullier declaró legal la aprehensión de las 14 propiedades, decisión que posteriormente fue mantenida por el Tribunal Superior de Apelaciones.
La Fiscalía acusa a Génaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud de la supuesta apropiación de 14 fincas pertenecientes a obreros del Suntracs que laboraban en el proyecto inmobiliario Red Frog, en Bocas del Toro.
Las fincas fueron entregadas a los obreros como compensación, luego de un litigio laboral con la empresa Pillar Construction, S.A. (que luego cambió su nombre a Bastimentos Holding).
Pillar Construction fue condenada al pago de $7 millones en concepto de salarios caídos, pero la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representados por el Suntracs, para que les entregaran las 14 fincas, que en aquella época estaban valoradas en $3 millones. La sentencia laboral de 2011 estableció el pago de unos $7 millones a 412 trabajadores del proyecto Red Frog, entre prestaciones laborales y costas legales.
El dirigente del Suntracs Genaro López goza de una medida cautelar de reporte periódico.
En el caso de Saúl Méndez el gobierno boliviano le otorgó asilo políticio.
Mientras que Erasmo Cerrud busco se informó que se encuentra en Nicaragua.
De acuerdo con la investigación, los dirigentes del Suntracs utilizaron las fincas como garantía de un supuesto préstamo hipotecario suscrito con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs. Luego se descubrió que, como la cooperativa no contaba con fondos suficientes para facilitar el préstamo hipotecario, el propio Suntracs le prestó el dinero. Según información expuesta durante el proceso, el préstamo habría sido por $3 millones.
Sin embargo, Antonio Vargas, abogado del Suntracs, alega que los cargos presentados contra los miembros de esa agrupación sindical son infundados, ya que el proceso original obedecía a un conflicto laboral, que fue dirimido en los tribunales de Bocas del Toro.
Alegó que este caso ha sido utilizado como un elemento de persecución política por parte del gobierno, que ha intentado desmembrar al Suntracs y otras organizaciones sindicales.
