El Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información expresó su enérgico rechazo a la demanda civil por la suma de $1.5 millones presentada en el año 2022 por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y la periodista Mary Triny Zea, por una investigación periodística sobre la adquisición de cupos del transporte público en Bocas del Toro.
En un comunicado hecho público este viernes, el Fórum sostiene que el reportaje Ruta de los Cupos Llega hasta el diputado Robinson se sustentó en información obtenida mediante mecanismos legales de acceso a la información, entre ellos datos de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, solicitados invocando la Ley 6 de 2002 o Ley de Transparencia.
La investigación examinó las relaciones entre organizaciones beneficiarias de cupos, el diputado Robinson y personas de su entorno familiar.
El comunicado hace referencia a los señalamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el impacto de las acciones judiciales contra periodistas y medios. Se resalta que estos procesos suelen ser prolongados y de una elevada cuantía, que pueden generar un desgaste económico, desalentar las investigaciones y favorecer la autocensura.
COMUNICADO pic.twitter.com/CjzjelbiYa
— Fórumdeperiodistas (@fperiodistaspma) September 23, 2026
El Fórum también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social.
Además, señaló que en asuntos de interés público, los estándares interamericanos contemplan un umbral reforzado para establecer responsabilidad civil, que incluye la demostración de conocimiento de la falsedad, intención de causar daño o manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad.
Asimismo, que esa organización seguirá atenta al desarrollo del proceso, con pleno respeto a la independencia judicial, y advirtió sobre el efecto inhibidor que una reclamación económica de esta magnitud puede tener sobre el libre ejercicio del periodismo.
“Fiscalizar al poder no puede convertirse en una actividad castigada por el desgaste judicial”, recalcó el Fórum.
Por esta misma investigación periodística, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) multó con $5,000 a La Prensa, en marzo de 2023, y la acusó de violar la Ley 81 de 2019 sobre datos personales, por considerar que la publicación de la foto de Robinson es un dato biométrico “sensible”; por tanto, había que pedir su “autorización” para divulgarla.
Quince meses después, la Antai revocó la multa, pero no porque hubiese recapacitado, sino porque consideró que esos hechos eran los mismos contenidos en la demanda civil que presentó Robinson contra Corprensa y Zea.
