Desde el pasado viernes, cuando el Gobierno del presidente José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, se han aprehendido 192 personas, según cifras oficiales.
Hay que recordar que mediante el Decreto de Gabinete #27, se suspendieron temporalmente varias garantías constitucionales en toda la provincia, entre ellas la libertad de tránsito, el derecho de reunión y el derecho a la defensa.
Durante una conferencia ofrecida la tarde de este domingo 22 de junio, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que continúan las labores de recuperación de caminos y el restablecimiento de la seguridad en la región.
#OperaciónOmega | La Fuerza Pública continúa con los operativos de despeje de vías, limpieza y recuperación de artículos hurtados en el distrito de Changuinola. pic.twitter.com/UqXy27yvHV
— Policía Nacional (@policiadepanama) June 22, 2025
Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, detalló que actualmente se mantienen cinco cierres en Almirante y siete en Chiriquí Grande, del total de 43 cierres que se mantenían en la provincia. También reportó:
9 estructuras públicas afectadas
11 comercios dañados
41 vehículos vandalizados
14 agentes de la Fuerza Pública heridos (uno con arma de fuego).
Este domingo se reportó la aprehensión de 40 personas, incluyendo a un menor de edad. Además, se recuperaron vehículos, neveras, lavadoras, prendas de vestir y otros bienes relacionados con los saqueos y disturbios.
Durante estas intervenciones se han incautado 164 bombas de fabricación casera, 14 armas blancas, una motosierra y 59 galones de combustible.
La ministra Montalvo enfatizó que el operativo busca recuperar Changuinola no de manifestantes, sino de delincuentes que han causado severos daños. Aunque aún no se tiene un balance exacto, advirtió que “va a costar mucho esfuerzo poner de pie a la provincia de Bocas del Toro”.
Entre los hechos más graves, citó el ataque a una funcionaria del Inadeh en Changuinola, así como las agresiones contra periodistas y los destrozos a instalaciones del Estado.
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“Lo que sí les puedo decir es que las instituciones que han afectado estos criminales, que de alguna u otra manera han tratado de desestabilizar la provincia, lamentablemente va a costar mucho el esfuerzo —con los ciudadanos, las entidades y la empresa privada— para poder en el menor tiempo posible poner de pie nuevamente a la provincia”, remarcó la ministra.
