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La compra de granos ocasionó un perjuicio al Estado de $12.3 millones: Contraloría

La compra de granos ocasionó un perjuicio al Estado de $12.3 millones: Contraloría
El PAN no tenía un monitoreo ni evaluaciones de la Presidencia de la República, destaca el informe de la Contraloría.

Un informe de auditoría  preparado por la Contraloría de General de la República a la compra de granos con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) calculó en $12.3 millones el perjuicio económico al Estado.

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El documento fue entregado a la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, que investiga las transacciones que involucran a las sociedades Vafepa, S.A. y Hialing Corporation, según una nota de prensa de la Contraloría.

“Le corresponde ahora a la Fiscalía Anticorrupción decidir cómo se procederá en esta materia”, afirmó el contralor Federico Humbert, según cita el boletín oficial.

La auditoría probó que el PAN -entonces bajo la dirección de Rafael Guardia Jaén, actualmente detenido- realizó pagos a los proveedores por $9.2 millones, sin que se evidenciara cuál sería el destino de los granos adquiridos. Igualmente, determinó que los productos fueron adquiridos a un precio superior al de referencia establecido por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Por ejemplo, se pagó de $75 a $80 por cada quintal de arroz adquirido a Vafepa y Hialing, pero el precio de referencia era de $49. Algo así ocurrió con las lentejas: la sociedad vendió éste grano a $100, cuando el precio marcado por el IMA era de $55.

Adicional, se pagó $125 por cada quintal de poroto o frijol chiricano, pero éstos granos tenían un precio de referencia de $97.67 y $80, respectivamente.

“Esto es jugar con el dinero y la seguridad alimentaria del pueblo”, comentó Humbert.

Por este caso, la fiscal Sterling  investiga a 10 exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y 29 empresarios. Adicional, el 17 de septiembre pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir causa penal a Martinelli y designó a los magistrados José Ayú Prado y Jerónimo Mejía como fiscal y juez de garantías, respectivamente.

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