Un informe de Transparencia Venezuela (en el exilio) identifica a Panamá entre las jurisdicciones utilizadas para constituir sociedades intermediarias en la comercialización de petróleo venezolano, a fin de evadir sanciones internacionales.

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El documento, titulado Corrupción, captura del Estado y redes transnacionales en Venezuela. La posición de Nicolás Maduro Moros en la súper red ilícita, identifica a Panamá junto con Hong Kong, Belice, Emiratos Árabes Unidos y Uganda como algunas de las jurisdicciones donde se constituyeron sociedades intermediarias sin trayectoria en el sector energético.

La organización identificó 124 sociedades panameñas “sospechosas de estar vinculadas con personas de alto nivel del Gobierno” de Venezuela, 62 de las cuales están directamente relacionadas con el expresidente Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores —ambos en una prisión en Brooklyn desde enero pasado— y su familia.

Transparencia Venezuela reconstruye la estructura y menciona entre los operadores al panameño Ramón Carretero Napolitano. También a Álvaro Pulido, Majed y Khaled Khalil Majzoub, Jorge Giménez, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Wilmer Ruperti.

El informe, de 170 páginas, dimensiona la magnitud de la estructura investigada.

Transparencia Venezuela documentó 154 casos de corrupción desde 2013, de los cuales 110 han generado actuaciones judiciales en 26 países. En 96 de esos expedientes, los montos comprometidos superan los $36,115 millones.

Una de estas investigaciones judiciales ocurrió en Panamá, aunque el documento no identifica el expediente.

En total, la organización identificó al menos 651 personas vinculadas con los casos documentados. De ellas, 413 son banqueros, empresarios e intermediarios, mientras que 238 son alcaldes, jueces, fiscales y funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales.

Sobre Ramón Carretero, el informe lo ubica como pieza clave de la red inmediata de la exprimera dama Cilia Flores de Maduro, una relación ampliamente documentada por La Prensa, que ha investigado el tema en alianza con Armando.info, El Clip y Transparencia Venezuela.

A Carretero se le atribuye el control de 25 sociedades, como Corporación Logística del Caribe, S.A., Corporación Ramar, S.A., Fundación Ramar, Fundación Carremarc, Carretero International Corp., Inversiones Telaio, S.A., Inmobiliaria Lagonegro, S.A., Balboa Lights Investment, S.A., Bienes Raíces Potenza, S.A., Panamerican Petroleum, S.A., Red Wax Company Inc. y Radiance Development Corp., entre otras.

También menciona a Hangzhou Energy Trading, una sociedad registrada en China. Segun Transparencia Venezuela, sus propietarios son, en realidad, Carretero y Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores. En 2023, ambos llegaron a ser los segundos mayores exportadores de PDVSA.

Transparencia Venezuela también informa que, entre agosto de 2013 y febrero de 2014, las sociedades de Carretero firmaron tres contratos con la Fundación Propatria 2000 por un valor aproximado de $700 millones para supuestamente realizar obras de infraestructura. La Fundación Propatria 2000 estaba dirigida por Malpica Flores.

Según el sitio de periodistas de investigación venezolanos Armando.info, “Maduro ordenó que la Fundación Propatria 2000 quedara bajo control de la Presidencia. Esta fundación otorgó contratos a la empresa Landscape Vision Corp. [Lanvicorp, empresa de Ramón Carrtero] durante el período en que Carlos Malpica Flores fue su director principal”.

Lea aquí la nota ‘El misterioso viaje de Mulino a Costa Rica".

También se documentaron transferencias por al menos $5.8 millones desde sociedades ligadas a Carretero a Juan Carlos López Tovar e Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores y hermana de Carlos Erik Malpica Flores.

Para Transparencia Venezuela, estos registros aportan una conexión documental significativa entre Carretero y las familias Flores y Malpica.

Dos magistrados sancionados

El informe también destaca que dos magistrados que fueron parte del círculo más cercano a Maduro fueron sancionados por Panamá: Calixto Ortega Ríos, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y Maikel José Moreno Pérez, quien presidió dicha instancia entre 2017 y 2022.

Aquella sanción ocurrió el 30 de marzo de 2018, cuando Panamá incluyó a Maduro y a varios dirigentes políticos venezolanos en una lista de personalidades consideradas “de alto riesgo” para cometer blanqueo de capitales, por lo que recomendó a los bancos y demás entidades extremar la supervisión de cualquier transacción que llevaran a cabo utilizando el sistema financiero panameño. Es la primera vez que el país adoptaba una medida de este tipo.

Desde 2018, Moreno y Ortega están en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ramón Carretero y sus hermanos Vicente y Roberto ingresaron a esa misma lista en diciembre de 2025.

Panamá también sancionó al exdiputado Juan José Mendoza; al exministro de Alimentación y de Transporte, Carlos Osorio Zambrano, y al general de división Rodolfo Marco Torres.