La actual administración del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se unió al proceso judicial en contra del exdirector de la institución, Bernardo Meneses, y presentó una querella penal en su contra, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
La acción interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción se basa en las irregularidades detectadas en el otorgamiento de auxilios económicos durante los años 2019 y 2020, documentadas y atribuídas a Meneses.
El documento fija una cuantía provisional de $25 millones como lesión patrimonial al Estado.
Entre las anomalías se señala la falta de controles, el uso arbitrario de fondos, y el otorgamiento de beneficios a personas que no cumplían con criterios mínimos de necesidad o mérito académico.
Puntos clave de la querella
¿Quién presenta la querella y contra quién?
El Ifarhu, representado por su actual director Carlos Godoy, presenta la acción penal contra Meneses, exdirector de la institución.
¿Qué delitos se denuncian?
Delitos contra la administración pública, específicamente distintas formas de peculado, de acuerdo con el Código Penal de Panamá.
¿Qué monto está en juego?
Se estima un perjuicio económico provisional de $25 millones, derivados de asignaciones irregulares de auxilios económicos.
¿Qué reveló una auditoria de la Contraloría?
De 1,016 expedientes revisados, 898 presentaban irregularidades, lo que equivale al 88% de los casos. Se encontraron expedientes sin matrícula, sin diplomas, ni reportes de avances académicos, que son requisitos escenciales para la justificación y otorgamiento de fondos.
Ejemplos de casos señalados en la querella:
$690,000 fueron transferidos a un instituto en Inglaterra para cursos de inglés presenciales, pero se comprobó que algunos se dictaron en modalidad virtual, lo que incumple lo pactado.
Además, los pagos fueron realizados a través de intermediarios, cuando las normas del IFarhu exigen que se hagan directamente a la entidad educativa.
$500,000 fueron otorgados a un supuesto grupo de estudiantes de Bocas del Toro, quienes no asistieron a los cursos y no rindieron informes académicos.
¿Cómo se autorizaron los auxilios?
Según testimonios recopilados en las investigaciones, los auxilios económicos eran autorizados directamente por Meneses, al margen de los procedimientos y sin evaluación técnica, lo que evidencia un uso arbitrario de recursos públicos.
¿Por qué se considera grave el caso?
Porque las asignaciones irregulares no solo causaron un daño económico al Estado, sino que obstaculizaron el acceso justo a oportunidades educativas, privando de recursos a estudiantes con excelencia académica y en condiciones de pobreza.
¿Cuál es el estado del proceso?
La investigación fue abierta formalmente por el Ministerio Público el 30 de noviembre de 2023. La querella se apoya en informes de auditoría, diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y documentación interna del Ifarhu.
