La implementación de la Ley de Carrera Judicial entra en su recta final, ya que para marzo del próximo año deberá concluir la fase de nombramientos de jueces y magistrados encargados de administrar justicia.
El presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, el magistrado Abel Zamorano, explicó que en los próximos meses se completará la selección de 231 aspirantes para ocupar 102 plazas de jueces de garantías, de cumplimiento y de juicio dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Zamorano detalló que un grupo de jueces municipales y mixtos, interesados en la jurisdicción penal, ascenderá a cargos dentro del SPA. Asimismo, los jueces de circuito penal serán promovidos al cargo de magistrados de apelaciones.
Las declaraciones del magistrado se dieron durante la toma de posesión de los jueces civiles Arnold Nataniel Guerra y Anitza Santizo, quienes obtuvieron los puntajes más altos en el proceso de selección para estos cargos.
Zamorano afirmó que en los primeros meses de 2025, la Ley de Carrera Judicial alcanzará un 80% de implementación en todo el país, con la culminación de las diferentes fases de los concursos para jueces y magistrados.
Además, informó que en enero próximo se implementará un escalafón judicial para regular los ascensos de jueces y magistrados dentro de la carrera judicial. Este escalafón considerará factores como la antigüedad en el cargo, la especialidad del juez, la ausencia de sanciones disciplinarias y la jurisdicción a la que pertenece.
Reconoció que la falta de recursos económicos ha limitado el avance en la implementación de la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial, y que actualmente estas limitaciones también dificultan una mayor celeridad en el proceso. Sin embargo, destacó que hasta ahora se han obtenido resultados muy positivos.
Señaló que se ha logrado establecer un proceso de evaluación del desempeño de jueces y magistrados, quienes deben rendir cuentas ante las unidades nominadoras para garantizar el cumplimiento de metas y normas éticas de conducta.
En julio de 2022, el Órgano Judicial implementó el proceso de evaluación de jueces y magistrados aprobado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la Ley 53 de 2015, que creó tres carreras: judicial, defensa pública y administrativa judicial.
El reglamento establece un sistema de valoración o puntaje para las áreas evaluadas. Dispone que cuando un funcionario no alcance un puntaje igual o superior al 70%, se le impondrá un impedimento temporal para su traslado o ascenso. Si no supera la evaluación en el siguiente período consecutivo, perderá su condición de servidor de la carrera judicial.
Este proceso también se extenderá al personal de apoyo y a los auxiliares especializados de la carrera judicial, quienes tendrán derecho a ascensos de acuerdo con la evaluación de sus credenciales, especialidad, desempeño, conducta disciplinaria y años de servicio.
Zamorano explicó además que se logró poner en funcionamiento el Tribunal de Integridad y Transparencia, encargado de atender los casos de funcionarios judiciales que violen normas éticas o de conducta en el ejercicio de sus funciones.
La Ley 53 fue aprobada en 2015, pero su implementación se retrasó debido a la falta de recursos económicos, lo que obligó a posponer su puesta en marcha por varios años.
