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Implicado en la vacunación clandestina seguirá detenido; el juicio será en septiembre

Implicado en la vacunación clandestina seguirá detenido; el juicio será en septiembre
Matías Pérez Escudero es la única persona detenida por las jornadas de vacunación clandestinas realizadas en Coco del Mar y Punta Pacífica. Archivo

Un juez de garantías negó el cambio de la medida cautelar a Matías Pérez Escudero, detenido por las jornadas de vacunación clandestina contra la covid-19 que se realizaron en junio de 2021 en Coco del Mar y Punta Pacífica.

Pérez Escudero y Celine Gazal de Esses serán enjuiciados el próximo 18 de septiembre por la presunta comisión de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y contra la salud pública, por su participación en las jornadas de vacunación clandestinas.

Durante una audiencia celebrada el pasado jueves, la fiscal anticorrupción Marina García presentó ante la juez de garantías Ilka Nuñez una serie de pruebas documentales y testimoniales que serán usadas con elementos de convicción durante el juicio.

En este caso se decretó la ruptura procesal a Aaron Arosemena, quien se mantuvo prófugo de las autoridades hasta agosto del 2022, cuando fue capturado durante un operativo efectuado por la Policía.

Arosemena es señalado por la fiscalía como la persona que, junto a Pérez Escudero –único detenido del caso–, aplicó las supuestas vacunas contra la covid-19 en jornadas privadas realizadas en Coco del Mar y Punta Pacífica.

Un juez de garantías decretó la medida cautelar de arresto domiciliario para Arosemena, a quien se le imputaron cargos por falsificación de documentos.

Por este caso, Denise Vega, otra de las imputadas, alcanzó un acuerdo de pena de 48 meses de prisión. Vega y Gazal organizaron las vacunaciones en Coco del Mar y Punta Pacífica, respectivamente, en las que se vendió la aplicación de vacunas contra la covid-19 de la casa farmacéutica Pfizer. Después se descubrió que todo fue un engaño, puesto que lo que se aplicó era una sustancia muy distinta a lo fabricado por Pfizer.

En la investigación realizada por la fiscalía se determinó que las personas vacunadas fueron contactadas por mensajes y vía WhatsApp, y pagaron hasta $300 por una “vacuna”.


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