El Juzgado Decimoctavo Civil concedió el amparo de garantías constitucionales promovido por un grupo de ciudadanos contra el acuerdo del Consejo Municipal de Panamá, que autorizó al alcalde José Luis Fábrega a convocar el acto público para la construcción del nuevo mercado del marisco.
La decisión fue adoptada este viernes 13 de mayo de 2022 por la juez Rosalba Sánchez Cisneros, quien el 29 de abril pasado ya había ordenado la suspensión provisional del acuerdo municipal demandado.
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Fallo del Juzgado Decimoctavo del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, del 13 de mayo de 2022.pdf“Luego de la lectura del informe rendido por el Consejo Municipal del distrito de Panamá, se advierte que el referido acto demandado en sede de amparo no fue fijado en las tablillas [ubicadas] en la Secretaría del Consejo Municipal, en las de la Alcaldía y en las corregidurías, y que si bien el mismo fue publicado en Gaceta Oficial, esto no quiere decir que el mismo fue promulgado, por lo que ciertamente se ha violentado la garantía del debido proceso contemplada en el artículo 32 de la Constitución”, señala el fallo de la juez Sánchez Cisneros.
La norma dicta que para que los acuerdos municipales surtan efecto legal, deben fijarse en las tablillas por un término de 10 días.
A través del Acuerdo 24 del 15 de febrero de 2022, el Consejo Municipal, que preside el perredista Abdiel Sandoya, había autorizado a Fábrega a convocar a la licitación para el diseño y construcción de un nuevo mercado de mariscos, en la cinta costera, pagado con $43 millones provenientes de la descentralización.
El referido acuerdo fue demandado por el movimiento cívico Ciudadanos Pro Revocatoria, integrado por Luis Pinedo, Blanca Solís, Gerónimo Espitia, Joaquín Bernal y Julio Stoute. Los demandantes alegan irregularidades en el proceso de consulta ciudadana del proyecto del mercado de mariscos, celebrado el 11 de noviembre de 2020. Por ejemplo, resaltan que solo comparecieron 25 personas, dos de las cuales son funcionarios de la Alcaldía de Panamá. Además, la consulta solo se realizó en el corregimiento de Calidonia y su convocatoria no fue divulgada.
La juez señala que no existe documentación que demuestre que la convocatoria a la consulta ciudadana se llevó a cabo como exige la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública. La juez advierte que las características del acto del 11 de noviembre de 2020 se asemejan a los de una “audiencia pública”, no una “consulta ciudadana”.
