Un juez de garantías de la provincia de Chiriquí impuso medidas cautelares de reporte periódico (los días 15 y 30 de cada mes) e imputó cargos a varios ciudadanos por la presunta comisión de delitos contra la personalidad interna del Estado, contra la vida e integridad personal, contra la administración pública y por asociación ilícita para delinquir.
Durante la audiencia celebrada este miércoles, el juez legalizó las aprehensiones y avaló la imputación presentada por el Ministerio Público. Sin embargo, consideró que las pruebas presentadas no eran suficientemente contundentes para ordenar la detención preventiva, ni existía riesgo de fuga o de destrucción de evidencia por parte de los imputados.
El Ministerio Público argumentó que los acusados atentaron contra la vida de agentes policiales que intentaban restablecer el orden público y que actuaron de manera coordinada con el objetivo de desestabilizar la convivencia pacífica.
Entre los imputados se encuentran el dirigente sindical Jaime Caballero y los miembros del sindicato Carlos Villarreal, Johnny Acosta, Roberto De Gracia, Juan Rodríguez y Max González.
Posteriormente, se informó que unidades de la Policía Nacional pusieron a disposición del Ministerio Público al dirigente Caballero, luego de que se confirmara, mediante el Sistema de Verificación Ciudadana, que cuenta con una orden de aprehensión y conducción por el presunto delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
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Pusimos a órdenes de la @PGN_PANAMA a Jaime Caballero, dirigente sindical, luego que se corroborara que es solicitado mediante orden de aprehensión y conducción por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. pic.twitter.com/7xX98uDHIv
— Policía Nacional (@policiadepanama) May 14, 2025
Amonestación a educadores
En paralelo, un juez de paz sancionó con una amonestación verbal a 17 educadores que fueron aprehendidos durante las protestas del martes en la ciudad de Panamá, las cuales culminaron en enfrentamientos con unidades de la Policía Nacional.
Las audiencias se realizaron en la Casa Comunitaria de Paz de Bella Vista. En estas, no se presentaron evidencias concluyentes que vincularan a los educadores con actos de vandalismo o agresiones contra agentes policiales.
