Presunta posesión ilegal de armas y municiones

Juez imputa a tres exdirectores de organismos de seguridad y 5 personas más, como parte de la ‘Operación Furia'

Juez imputa a tres exdirectores de organismos de seguridad y 5 personas más, como parte de la ‘Operación Furia'
Omar Pinzón, jefe de la Policía Nacional entre julio de 2014 y junio de 2018, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, durante su llegada a la audiencia. Roberto Cisneros

Omar Pinzón, Frank Ábrego y Belsio González, exdirectores de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), respectivamente, fueron imputados por la presunta posesión ilegal de armas de fuego y municiones.

En una audiencia de imputación, que se inició a las 2:30 p.m. del miércoles 15 de julio y se extendió hasta las 2:00 a.m. del jueves, el juez de garantías Eric González también imputó los cargos a otras cinco personas aprehendidas en la denominada “Operación Furia”.

Se trata de Juan Pineda, Luis Cegarro, Roberto García Dapena, Rafael Bárcenas −exdirector de la Autoridad de Aeronáutica Civil− y Jack Betesh, de la empresa Aerotécnica de Panamá, S.A., que importó al país el lote de armas investigadas.

El juez dictó las medidas cautelares de reporte periódico dos veces al mes a García Dapena y Pineda. El resto de los imputados tiene detención domiciliaria e impedimento de salida del país, sin autorización judicial. La fiscalía había solicitado la detención provisional de todos.

En la investigación, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada intenta precisar por qué una cantidad de armas adquiridas para entidades de seguridad del Estado estaba en posesión de particulares y exfuncionarios de esos estamentos.

“Nosotros expusimos que a través de los cargos que ostentaban estas personas, en los momentos en que estuvieron dirigiendo instituciones de seguridad del Estado, así como otras instituciones públicas del Estado, se valieron de certificaciones de usuario final para poder importar armas de fuego, entre ellas, armas de guerra, y otro tipo de armas que hoy en día se encuentran en posesión de personas civiles”, indicó el fiscal Emeldo Márquez.

Juez imputa a tres exdirectores de organismos de seguridad y 5 personas más, como parte de la ‘Operación Furia'
Fiscal contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez. Isaac Ortega

Hasta las 6:00 p.m. del pasado martes, se habían recuperado 34 armas, en 28 allanamientos realizados en varios puntos del país. Esas armas, “a excepción de dos, tienen como usuario final a estamentos de seguridad de la República de Panamá”, señaló el fiscal.

El fiscal agregó que se están recuperando más armas y recabando el testimonio de personas que explican cómo las adquirieron. “No descartamos que más adelante se pueda imputar a otras personas y que se puedan adicionar otros hechos delictivos a los que ya hemos imputado el día de hoy”, mencionó Márquez.

Previamente, el juez González consideró que los fiscales Emeldo Márquez y Juan Correa no aportaron elementos suficientes para justificar la aprehensión de los ocho investigados, ya que la fiscalía debió agotar otros recursos para que las personas señaladas comparecieran o atendieran el proceso. Por tanto, decretó ilegal las aprehensiones.

“Cuestionamos la manera como el fiscal adujo se configuró el delito. A nuestro juicio, no estamos en presencia de un hecho delictivo toda vez que nuestro representado, el señor Belsio, contaba con todos los permisos emitidos por las autoridades correspondientes y, por tanto, eso descarta cualquier posibilidad de afirmar que estamos en presencia de un delito de tráfico de armas”, señaló Julio Macías, abogado del exdirector del Senan.

Agregó que su cliente tiene un permiso válido para portar armas, expedido por las autoridades competentes, por tanto, considera no ha cometido ninguna ilegalidad.

“Mientras no exista una resolución emitida por el Estado, anulando ese permiso, entonces ese permiso debe gozar de toda su legalidad”, agregó Macías.

Indicó que, en total, su cliente tiene dos armas debidamente registradas. “Una de las armas la donó voluntariamente al Senan, de manera que él no tiene la posesión de esa arma, que se encuentra precisamente en custodia del Estado”, añadió.

El juez estableció un plazo de seis meses para completar la investigación.

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