El juez de cumplimiento José Cárdenas concedió el pago de una multa de $12,000 a favor de Silvana Manzini de de Obarrio como reemplazo de la pena de 28 meses de prisión que le había sido impuesta por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
Durante una audiencia que inició a las 2:00 p.m. y concluyó a las 3:38 p.m., el juez acogió la petición presentada por Eduardo Sequeira, abogado defensor de la sancionada, la cual no fue objetada por la fiscal anticorrupción de cumplimiento, Johaira González.
Sequeira alegó que su cliente cumplía con los requisitos legales para que la pena de prisión impuesta le fuera reemplazada por una multa que deberá pagar al Tesoro Nacional.
Durante su intervención, Sequeira explicó que su clienta era delincuente primaria, no tenía antecedentes penales y había alcanzado un acuerdo de pena con el Ministerio Público, el cual fue validado por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
El juez dispuso que Manzini de de Obarrio deberá pagar los $12,000 en un plazo de un año y que, en caso de incumplimiento, deberá cumplir con la pena de prisión impuesta.
Asimismo, el juez Cárdenas aplicó un impedimento de salida del país, el cual permanecerá vigente hasta que se cumpla con el pago de la multa.
Durante la audiencia, el juez Cárdenas también redujo la pena original de 48 meses impuesta a Manzini de de Obarrio, ya que se le descontó el tiempo que estuvo detenida de forma preventiva, además de las medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación periódica que le fueron aplicadas durante el proceso, quedando una pena líquida de 28 meses de prisión.
El 20 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a la imputada a 48 meses de prisión por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, luego de validar un acuerdo de pena alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
La investigación contra Manzini de de Obarrio y su hijo, Adolfo de Obarrio, por blanqueo de capitales tiene como delito precedente el enriquecimiento injustificado. Este proceso inició tras una auditoría de la Contraloría General de la República, la cual reveló que Adolfo de Obarrio no pudo justificar $3 millones en su patrimonio.
En el marco de esta investigación, la fiscalía ordenó la aprehensión de dos propiedades de De Obarrio ubicadas en Punta Barco y San Carlos, en Panamá Oeste, además de otros dos bienes inmuebles en el corregimiento de San Francisco.
Adolfo de Obarrio, actualmente radicado en Italia, nunca compareció a este proceso ni al relacionado con la compra de comida deshidratada por $44.5 millones, gestionada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2014-2019).
