La jueza primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, se acogió al término de 30 días que le permite la ley para dictar sentencia en el proceso seguido al exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, por la desaparición de la llamada máquina pinchadora, equipo comprado en 2010 para hacer escuchas.
El fiscal anticorrupción Ariel Degracia solicitó la condena de los dos imputados por el delito de peculado, por la pérdida de equipos pertenecientes al Estado.
Degracia aseguró que en este caso se pudo establecer la vinculación de los imputados con la desaparición del equipo.
Alfredo Vallarino, abogado de Pérez, aseguró que en este caso no se pudo establecer la vinculación de su cliente con el supuesto ilícito, ya que para el año 2014, cuando se denunció la pérdida del equipo, su cliente no era jefe del Consejo de Seguridad.
