La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada empezó este miércoles a llamar a las víctimas de los pinchazos, en el juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por la presunta comisión de los delitos de interceptación de comunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.
Se trata de los empresarios Aurelio Barría y Stanley Motta.
El primero en presentarse ante el Tribunal de Juicio fue Barría, que reconoció un correo electrónico personal que envió en el año 2013, en el que reflexiona sobre el panorama político electoral frente a los comicios de mayo de 2014.
Barría declaró que ese correo lo dirigió únicamente a un amigo, que entonces estaba en Colombia. Negó que sus comunicaciones electrónicas fueran hackeadas, que hubiese compartido la contraseña con alguien o que su computadora estuviese al alcance de alguien más.
El testigo declaró a las jueces que siempre sospechó que Martinelli espiaba sus comunicaciones y contó que en una ocasión, durante una asamblea de accionistas de Corporación La Prensa, Martinelli -que entonces era presidente de la República- reconoció públicamente que tenía la información y el “pedigrí” de los que ahí estaban presentes.
Igualmente, contó que en otra ocasión, fue entrevistado en el segmento Knockout de la periodista Flor Mizrachi, de La Prensa, y poco después lo llamó Martinelli para decirle que ya lo tenía identificado como un opositor de su gobierno y lo amenazó con revelar asuntos de su ámbito privado.
Sobre el testimonio rendido por Motta, el fiscal Ricardo González contó que el empresario reconoció dos correos electrónicos suyos, que envió a ejecutivos de TVN Media, sobre la “fuga” de un periodista a otra televisora, y otro sobre el etiquetado a las bebidas alcohólicas que fue impuesto en el gobierno de Martinelli. Ambos correos fueron interceptados.
Carlos Herrera Delegado, abogado de la víctima y querellante Mitchell Doens, considera que lo más importante es que los afectados reconozcan la correspondencia, audios, vídeos y cualquier otro tipo de documentación sustraída por agentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), entre los años 2012 a 2014.
Explicó que más allá de los detalles que puedan aportar los peritos y el personal técnico, son las víctimas las únicas personas totalmente capacitadas para reconocer los contenidos y así poder establecer si, en efecto, fueron interceptados por el CSN.
Alfredo Vallarino, abogado de Martinelli, señaló que todavía no se ha probado que su cliente tuvo participación en los delitos que investiga la fiscalía.
“Ellos ya saben que nadie señaló a Ricardo Martinelli y saben las inconsistencias” dijo Vallarino.
Por estos mismos hechos, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz -ambos directores del CSN en el gobierno de Martinelli- fueron sentenciados a 60 meses de prisión, cada uno. La condena fue apelada.
