El próximo 13 de octubre, fecha en la que se celebrará la audiencia para la presentación de la acusación al exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, se conocerán cuáles son las pruebas que sustentan los cargos en su contra por presunto enriquecimiento injustificado.
La audiencia debía realizarse el lunes 7 de septiembre, pero fue pospuesta hasta definir la situación jurídica de un apartamento ubicado en el PH Marea 1, en Costa del Este, que se encuentra cautelado por una orden de la fiscalía.
La fiscal anticorrupción Patricia Herrera ordenó la aprehensión de ese apartamento, el 30 de junio pasado, apelando al artículo 351 del Código Penal que establece que “se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”.
Posteriormente, un juez de garantías suspendió la medida cautelar que pesaba contra dicha propiedad, decisión que fue apelada por la fiscalía. La audiencia de apelación será el 23 de septiembre.
El apartamento fue adquirido el 24 de mayo de 2019, tres semanas después de que Carrizo se convirtiera en vicepresidente electo -tomó posesión el 1 de julio de ese año-. El inmueble está a nombre de Nano Properties, Corp., cuya representante legal es Julieta Spiegel de Carrizo; el vicepresidente es el beneficiario del 100% de las acciones de dicha sociedad.
La fiscalía alega que Carrizo utilizó dinero (cuyo origen no ha podido justificar) para realizar pagos relacionados con la adquisición del apartamento, hecho que es refutado por sus abogados.
De acuerdo con el Código Penal, Carrizo, si es hallado culpable, enfrentaría una pena de seis a 12 años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de $100,000.
Estas son las principales características del apartamento en el PH Marea 1, en Costa del Este, que es investigado como parte de la causa seguida al exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado.
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 8, 2026
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El precio de compraventa del apartamento fue de $1.44 millones.
Una auditoría forense realizada por la Contraloría encontré que Carrizo, en el ejercicio del cargo, obtuvo “recursos” por poco más de $1.9 millones que no ha podido justificar.
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