La Corte Suprema de Justicia (CSJ) archivó dos denuncias que fueron presentadas contra los diputados de la Asamblea Nacional que dieron luz verde a la Ley 406, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá para la explotación de cobre en Donoso, Colón; norma que fue declarada inconstitucional el 28 de noviembre de 2023.
Una de las denuncias fue presentada por Abdiel Enrique González, quien solicitó que se procesara a los 45 diputados que votaron a favor de la ley en el pleno legislativo.
La otra fue promovida por Ernesto Cedeño, quien pidió al máximo tribunal que se investigara a siete diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, que aprobó el contrato en primer debate. Ellos son: Roberto Ábrego (presidente), Cenobia Vargas (secretaria), Ariel Alba, Víctor Castillo, Francisco Pancho Alemán, Alaín Cedeño y Nelson Jackson.
En ambos recursos se solicitó a la Corte que investigara a los diputados por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Sin embargo, este tribunal consideró que ninguna de las dos denuncias contenía la prueba idónea necesaria para demostrar un hecho punible.
El 28 de noviembre de 2023, la Corte declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Tras realizar una “revisión integrada” de la ley, los magistrados indicaron que la normativa infringió 25 artículos de la Constitución de la República de Panamá.
En febrero pasado, la Corte también archivó otros dos recursos similares.
Mientras los aprobaban la ley, en las afueras del palacio Justo Arosemena, sede la de Asamblea Nacional, centenas de ciudadanos protestaban. Ambientalistas, estudiantes, profesores y dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, estaban en primera fila. Se trata de los eventos que desembocaron en masivas protestas que paralizaron el país entre finales de octubre y noviembre pasado.
