Dos exdirectivos de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) serán enjuiciados en Panamá, por presunto peculado agravado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Se trata de Eugenio Del Barrio y Julio Calsa.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó el llamamiento a juicio de ambos, en un fallo del 10 de septiembre pasado, pero que fue dado a conocer hace dos días.
La decisión fue adoptada por el Pleno de la Corte, con ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo (suplente de la magistrada María Eugenia López Arias), que no admitió un amparo de garantías constitucionales propuesto por el abogado Ricaurte González, en representación de Casla y Del Barrio, para que dejara sin efecto el llamamiento a juicio contra ambos proferido por la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, el pasado 9 de marzo.
González -que por años fue fiscal contra la delincuencia organizada- alegaba que Casla y Del Barrio fueron indagados en España por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, sin haber cumplido con las formalidades de una asistencia judicial.
De acuerdo con González, la ausencia de esa formalidad deja sin validez las indagatorias de sus clientes, ya que -según él- fueron realizadas al margen de las normas legales y vulneraron sus derechos fundamentales.
Sin embargo, el fallo de la Corte detalla que, a simple vista, no se evidencian violaciones a las garantías constitucionales de ambos procesados.
Además, el amparo presentado pretende convertir al Pleno de la Corte en una nueva instancia que permita revisar no solo las actuaciones de la juez Rentería, sino también las acciones de la Fiscalía Anticorrupción.
En su declaración indagatoria desde España, Del Barrio y Casla aceptaron bajo juramento que su jefe inmediato, Avelino Acero, les contó que el entonces ministro de Obras Públicas, Federico José Pepe Suárez, le dijo en una reunión que si quería cobrar la cuenta que le debía el Estado por proyectos ya ejecutados, debía “pagar una coima del 10%” y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos.
Los exdirectivos de FCC señalaron, además, que esto también se hizo con otras empresas contratistas del Estado, como Odebrecht y el consorcio Ica-Meco. Odebrecht ya confesó el pago de coimas.
Del Barrio y Casla también declararon que las reuniones con el MOP se realizaban en las oficinas de Odebrecht, en el edificio Torre de las Américas. Ahí se acordaban las coimas y se repartían los proyectos. Por ejemplo, el de reordenamiento vial quedó así: FCC se adjudicó las obras de vía Brasil, tramo I y II; Ica-Meco se quedó con los trabajos en la avenida Domingo Díaz, y Odebrecht, con la cinta costera 2 y 3.
Estas declaraciones fueron excluidas del expediente principal cuando el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la declaratoria de causa compleja.
En efecto, una vez realizado un examen prima facie de los argumentos expuestos por el amparista en Primera Instancia, el Pleno no evidencia, aún en forma incipiente, afectación o vulneración fundada de derechos fundamentales que hagan admisible la acción propuesta.
Por este caso también están llamados a juicio el exministro Suárez, Acero, María Eugenia González, Juan Manuel Vázquez, León Emilio Hallpen y Héctor Agustín Castillo.
En esta causa se acumularon las investigaciones por irregularidades cometidas en la construcción de los proyectos en vía Brasil y la cinta costera.
La investigación
Las pesquisas se iniciaron a raíz de informes de auditoría realizados en el año 2017 por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, que revelaron la existencia de sobreprecios en los proyectos asignados a FCC.
Los proyectos fueron realizados durante las administraciones de los expresidentes Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014).
Informes de auditorias realizados por la Contraloría revelaron presuntos sobreprecios en las obras.
La investigación se inició en el año 2017.
De acuerdo con la auditoría, el proyecto en Vía Brasil, tramo I, tuvo un costo inicial de $168.8 millones, pero con su costo final alcanzó los $239.4 millones.
Mientras que el tramo II empezó costando $161.1 millones, pero acabó en $216.2 millones.
El proyecto para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento y financiamiento de las tres fases de la cinta costera fue ejecutado por FCC y Odebrecht mediante contratos adjudicados en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014).
En el caso de la cinta costera fase 1, tenía un costo previsto de $133 millones, pero su costo se elevó a $189.1 millones.
Mientras que la segunda fase de la cinta costera se adjudicó en $52.6 millones, y la III, en $776.9 millones, pero luego se elevó a $782.1 millones.
