El tema ambiental y su cumplimiento por parte del Ejecutivo serían claves en la decisión que adopten los magistrados en las próximas horas, mientras cientos de personas se mantienen en vigilia afuera de la Corte Suprema de Justicia, en momentos en que el pleno discute dos de las 10 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023.
De lo anterior da cuenta una carta que envió el pasado 7 de noviembre el magistrado Olmedo Arrocha al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en la que el magistrado pide una serie de documentos autenticados, además de una bitácora con fechas de cada gestión de monitoreo que haya hecho esa entidad en cumplimiento del estudio de impacto ambiental (EIA) de la concesión en Donoso, que explota Minera Panamá, S.A.
En la carta a la que tuvo acceso La Prensa, se lee que el magistrado, quien es sustanciador de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la abogada Marta Cornejo, solicita a MiAmbiente que remita copia autenticada de la resolución DIEORA IA-1210-2011 del 28 de diciembre de 2011 que autoriza el EIA del proyecto de Cobre Panamá, así como resoluciones y cualquier otro documento posterior que haya expedido la autoridad hasta la fecha de la aprobación de la Ley 406, lo que ocurrió el 20 de octubre de 2023.
Además de la copia autenticada del EIA y el informe de los monitoreos, la Corte también consultó a Miambiente si existe un plan de mitigación o cierre tramitado o autorizado contenido en el EIA. Pide que, si existe ese estudio, se lo envié a la Corte.
