La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dejó en suspenso (aunque provisionalmente) una resolución del Tribunal de Cuentas, que fijó en poco más de $3.2 millones el monto que debe devolver Hidalgo & Hidalgo (H&H), contratista del fallido proyecto de Riego de Tonosí.
La solicitud de nulidad -y medida de suspensión provisional inmediata- fue presentada por el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, que alega que el Tribunal de Cuentas actuó de forma “prematura e ilegal”, ya que aún tiene pendiente calificar la investigación efectuada por su despacho, que se basa en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República No. 05-10-2015-DIAF, del 14 de septiembre de 2015, que fijo en $29.2 millones la posible lesión patrimonial por este caso.
La resolución demandada por el fiscal Rodríguez es la No. 117-2019 del Tribunal de Cuentas, dictada el 30 abril pasado, la cual fijó en poco más de $3.2 millones el monto que debe devolver al Estado el consorcio H&H. Dicha resolución fue avalada por los magistrados de Cuentas Álvaro Visuetti, Alberto Cigarruista y Rainier Del Rosario. No obstante, Del Rosario advirtió a sus colegas que el contratista debía devolver $8.1 millones, detallados así: $4.4 millones en concepto de adelantos recibidos y no sustentados, y $3.7 millones correspondiente a maquinaria y equipos adquiridos por H&H para ser utilizados en el proyecto, pero que luego de su suspensión fueron movilizados a Honduras.
El fiscal Rodríguez sostiene que Visuetti, Cigarruista y Del Rosario omitieron el análisis de las pruebas acopiadas en el expediente, en las que se basa su solicitud de llamamiento a juicio para los responsables de H&H.
En su demanda de nulidad, Rodríguez pide la suspensión provisional de la decisión dictada por el Tribunal, porque "merma la posibilidad de recuperar los fondos que le fueron adelantados a la empresa H&H”.
Los magistrados de la Sala Tercera Efrén Tello (ponente), Abel Zamorano y Cecilio Cedalise accedieron a la suspensión provisional, por considerar que “se ha acreditado las violaciones legales imputadas a la resolución demandada”.
El fiscal aportó “elementos de convicción que sustentan las alegaciones del recurrente, demostrando una violación palmaria y se aportaron los elementos que justifiquen la adopción urgente de la medida requerida”, consta en el fallo del 2 de diciembre pasado, firmado por Tello, Zamorano y Cedalise.
Los tres magistrados de la Sala Tercera advierten que esta decisión no es definitiva, “y mucho menos debe considerarse como un pronunciamiento adelantado de la decisión de fondo”.
MIENTRAS TANTO, EN LA JURISDICCIÓN PENAL...
En agosto pasado, el Segundo Tribunal Superior de Justicia anuló el proceso por la presunta comisión del delito de peculado, que por el contrato adjudicado a H&H siguió el Ministerio Público a 31 personas.
El fallo del Segundo Tribunal Superior, fechado el pasado 27 de agosto, lleva la firma del magistrado José Hoo Justiniani.
Previamente, en el mes de junio de este año, el Segundo Tribunal declaró nulo el proceso que por este mismo caso se siguió al exministro de Desarrollo Agropecuario, Emilio Kieswetter, y al antiguo ejecutivo de H&H, Marco Albán, también por presunto peculado.
En ese primer fallo, el Segundo Tribunal declaró la nulidad de las indagatorias a Kieswetter y Albán, debido a supuestas violaciones de las garantías procesales y derechos humanos de los procesados, ya que –de acuerdo con su criterio– la fiscalía anticorrupción les formuló cargos cuando ya había vencido el plazo para investigar.
