La Fiscalía Especial Anticorrupción presentó un recurso de apelación en contra de la decisión de la juez penal Baloisa Marquínez de no enjuiciar a Importadora Ricamar, S.A. por presunto blanqueo de capitales e insiste en que la empresa sí recibió fondos de Odebrecht.
Según la fiscalía, en la investigación consta que las cuentas de Importadora Ricamar -que opera la cadena Súper 99, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014)- fueron utilizadas para recibir fondos de la Caja 2 de constructora Odebrecht, “que procedían de actividades relacionadas con soborno internacional, corrupción y peculado”. Esos dineros llegaron a Ricamar, a través de la sociedad Caribbean Holding, que controla Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli.
Los pagos que entraron a Ricamar, según declaró André Rabello, exintendente de Odebrecht en Panamá, eran una retribución por “los favores prestados para los pagos que se le debían [hacer a Odebrecht] del gobierno anterior y los proyectos que ejecutaría la empresa durante el mandado de Martinelli Berrocal”.
Alejandro Garúz, quien declaró en el proceso como representante legal de Importadora Ricamar, señaló que Caribbean Holding no tenía relación comercial o de negocios con los Súper 99. Por tanto, para la fiscalía, no hay una buena razón para explicar por qué Ricamar recibió fondos de Odebrecht, a través de Caribbean.
“Los hechos traídos al proceso dan cuenta que la sociedad Importadora Ricamar, S.A. empresa comerciante activa en nuestro país, manipuló su actividad comercial para darle apariencia lícita a los fondos recibidos en sus cuentas bancarias provenientes de la Caja 2 de Odebrecht, utilizando el esquema de triangulación de dinero para desviar la atención de estos fondos ilícitos”, señala la fiscal, en su escrito de apelación, presentado el pasado 16 de noviembre, en el que insiste que la responsabilidad de la empresa se encuentra debidamente acreditada en la investigación”, señala la fiscal Ruth Morcillo en su escrito de apelación, presentado al Tribunal Superior de Causas Penales, el pasado 16 de noviembre.
El pasado 7 de noviembre, la juez Marquínez decidió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales, pero declaró que no era viable abrir causa criminal contra Importadora Ricamar, dado que -según la juez- no se puede atribuir la comisión de un delito a una persona jurídica.
Pero en su escrito de apelación, la fiscal Morcillo señala que en Panamá hay antecedentes de personas jurídicas condenadas. Específicamente, citó el caso de la empresa Campos de Pesé, la cual fue declarada culpable de delitos contra el ambiente. Igualmente, la fiscal recordó que los tribunales ya han analizado la posible responsabilidad que cabe a Importadora Ricamar, al fallar incidentes de controversia y de nulidad promovidos por esta empresa, precisamente dentro del proceso de los sobornos de Odebrecht. En ningún momento los tribunales advirtieron que no cabía responsabilidad a esta persona jurídica.
#Apelación | La Fiscalía Anticorrupción formalizó apelación en el caso #Odebrecht fundamentada en la no viabilidad de llamar a juicio a una persona jurídica. pic.twitter.com/liT5l6SqVF
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) November 17, 2022
Por los sobornos de Odebrecht, la juez Marquínez sí dictó llamamiento a juicio para Martinelli Berrocal, sus dos hijos (Ricardo Alberto y Luis Enrique, presos en Estados Unidos por blanquear $28 millones en sobornos de Odebrecht), el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y varios exministros, entre otros. En total, son 36 personas con llamamiento a juicio; otras 11 fueron favorecidas con sobreseimiento provisional y una con sobreseimiento definitivo.
El juicio se llevará a cabo del 1 al 18 de agosto de 2023. La fecha alterna fue agendada del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.
