La Policía Nacional informó que usará la “fuerza necesaria” para abrir las vías bloqueadas por manifestantes en contra del contrato minero.
Así lo declaró el comisionado Elmer Caballero en declaraciones a los medios de comunicación en conferencia de prensa durante la noche de este jueves 9 de noviembre. Explicó que durante este tiempo (tres semanas) han respetado los derechos que tienen los ciudadanos a manifestarse, pero recordó que la Constitución Política de Panamá, en su artículo 64, consagra el derecho al trabajo.
También mencionó que la Carta Magna consagra el “derecho a la vida”. “Aquí hay personas que están muriendo porque no han llegado a las citas médicas. Hay personas que están diciendo ‘¿cuándo van a abrir la vía porque mis hijos no tienen qué comer?’ Entonces, con base en eso vamos a utilizar la fuerza necesaria para que se aperture la vía y se logre el bienestar de todos los ciudadanos”, aseguró.
El funcionario de la Policía aclaró que primero apelarán al diálogo y al respeto a los derechos humanos. Sin embargo, dijo que actuarán “enérgicamente” para restablecer el orden en el país.
Sin embargo, aunque la Policía asegura que han respetado los derechos humanos, los manifestantes, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, han denunciado el uso de la fuerza en las protestas. En las concentraciones ciudadanas que se desarrollaron en la cinta costera, calle 50 y en los predios de la Asamblea Nacional, la Policía utilizó perdigones y gases lacrimógenos para dispersarlas. De hecho, el fotógrafo Aubrey Baxter perdió su ojo derecho a causa de un perdigón cuando el pasado 19 de octubre documentaba las protestas contra el contrato minero. Este jueves presentó una querella penal ante la Fiscalía Primera Subregional Metropolitana de Ancón. El recurso apunta precisamente contra la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad del país.
El caso de Chiriquí y Bocas del Toro
Las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro están aisladas del resto del país debido a que grupos de protestantes, principalmente de la comarca Ngabe Buglé, han bloqueado distintos puntos de la carretera Interamericana. En la ruta hay camioneros, ciudadanos, productores y comerciantes, entre otros, que esperan a que se les permita el paso.
Los productores registran millonarias pérdidas, al igual que el sector hotelero, entre otros.
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Vandalizan la Contraloría
Este jueves 9 de noviembre, un grupo de personas vandalizó las instalaciones de la Contraloría General de la República, ubicadas en la avenida Balboa, ciudad de Panamá. El suceso se generó durante un cierre de vías promovido por miembros del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) que exigen la derogatoria de la Ley 46 que ratificó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
“Sujetos identificados como miembros del Suntracs vandalizaron el edificio de la sede principal de la Contraloría General de la República en la avenida Balboa y las instalaciones del centro de atención ciudadana del Servicio de Protección Institucional (SPI), en la cinta costera”, se lee en un comunicado divulgado por la Presidencia de la República.
Asimismo, los manifestantes del Suntracs saquearon el centro de atención ciudadana del SPI, hurtaron equipos de comunicación (radio portátil), quemaron baños portátiles y destruyeron infraestructuras de vidrios internas y externas de las instalaciones, de acuerdo con el informe brindado por el Gobierno. Un manifestante fue aprehendido.
El SPI informó que tomará las medidas pertinentes para formalizar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público por daños a la propiedad pública y el hurto de equipos de comunicación.
El comisionado Caballero informó que tiene pruebas de que hay personas que les pagan a supuestos manifestantes para cometer actos de vandalismo como el que ocurrió en la Contraloría. “Están queriendo crear un escenario de caos”, aseguró.
