El viernes 8 de septiembre, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, interpuso tres demandas civiles por un total de 789 millones de dólares, ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a cargo de la jueza Baloisa Marquínez. Las demandas fueron presentadas contra dos expresidentes de la República: Ricardo Martinelli por 159 millones de dólares y Juan Carlos Varela por 30 millones de dólares. Además, se demandó a Credicorp Bank, por 600 millones de dólares. Esta última demanda fue retirada tres días más tarde.
Las demandas se fundamentan en el principio legal de que por cada delito se crea una responsabilidad civil de resarcir a la víctima. La sanción penal es una acción punitiva del Estado para restablecer el orden público y el respeto a la legalidad. La recuperación del daño o pérdida sufrida por la víctima requiere en el sistema inquisitivo mixto la interposición de una querella penal. En el caso del Estado, según lo establece el artículo 1971 del Código Judicial, las entidades públicas deben interponer una querella penal para recuperar los fondos o el patrimonio perdido por un acto delictivo.
El origen de las demandas
Por medio de la resolución de Gabinete N° 19 de 14 de febrero de 2017, el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Seguridad Pública de ese entonces Alexis Bethancourt: “...para que en representación del Estado presente formal querella contra quienes resulten responsables de cometer actos de corrupción y delitos contra la Administración Pública y el Orden Económico”. Esto tenía aplicación directa al caso Odebrecht. Como la resolución sigue vigente, la autorización le es aplicable al actual ministro de Seguridad Pública, Juan Pino.
En el caso de los ex presidentes, son acusados dentro del proceso Odebrecht que lleva la jueza Marquínez. Las demandas civiles serán ventiladas dentro de ese proceso y, por lo tanto, debían ser interpuestas antes de la audiencia ordinaria, es decir previo al juicio de la causa, de no haber sido interpuestas en este momento procesal, el Estado habría tenido que recurrir a la jurisdicción civil para lo cual tendría que esperar la última decisión del Órgano Judicial sobre la culpa o inocencia de los dos mandatarios.
Si la jueza Marquínez los encuentra inocentes o en una decisión posterior, ya sea por parte del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales o la Sala II de la Corte Suprema de Justicia los absuelve, los ex mandatarios no tendrían que pagar. La decisión del Estado de demandarlos civilmente en el proceso penal es esencialmente una acción de economía procesal para evitar la repetición de otras tres instancias para reclamar el daño en la jurisdicción civil.
La situación de Credicorp Bank
En lo referente a Credicorp Bank, esta persona jurídica no fue imputada en el caso Odebrecht, sino varios de sus ejecutivos asumieron su propia responsabilidad penal y efectuaron acuerdos de pena o de colaboración con la justicia panameña. La teoría de la demanda de $600 millones pudo ser que el banco fue un tercero que facilitó parte de las acciones de los protagonistas de este caso.
Dado que el Ministerio de Seguridad Pública retiró la demanda contra el banco y no se han dado explicaciones sobre este asunto, existe mucha opacidad sobre la posible argumentación que fundamentaría la reclamación del Estado. En Panamá los bancos e instituciones financieras mencionados en los casos de corrupción de alto perfil han enfrentado muy pocas consecuencias significativas.
La controvertida demanda habría sido la primera reclamación del Estado contra un banco. El hecho de que se retirara dicha demanda, puede deberse a que se considerada que había falta de justificación para un reclamo de esta naturaleza debido a que este banco no fue imputado en la causa.
Mientras entidades como Banesco llevan al Estado panameño a procesos arbitrales internacionales, el Estado no ha llevado a ningún banquillo a los bancos que formaron parte de las redes de crimen organizado que sacudieron al país. La demanda civil a dos ex presidentes puede ser un importante precedente que les abre el camino a otras reclamaciones contra actores aún más poderosos.
