Dos muertos: un agente de la Policía Nacional (PN) y un preso. Este fue el saldo fatal que dejó este viernes un tiroteo en las cárceles La Joya y La Nueva Joya. El policía que perdió la vida se llamaba Jean Carlos Valdés Gobea, informaron las autoridades. Además, dos agentes y un privado de libertad resultaron heridos.
De acuerdo a un comunicado de la Dirección General del Sistema Penitenciario, el hecho se suscitó a raíz de un enfrentamiento “entre bandas rivales”. “Los estamentos de seguridad del Estado y el Ministerio de Gobierno mantienen el control de los centros penitenciarios y se llevan a cabo operativos de requisas para sacar de circulación las armas de fuego. Igualmente, se realizan las coordinaciones con el Ministerio Público para iniciar con las investigaciones y deslindar responsabilidades”, aseguró la entidad.
Horas después, se registró otro hecho de sangre. Un hombre fue asesinado cerca de la entrada del PH South Beach, en la avenida Balboa. Al cierre de esta edición no se conocían detalles sobre las causas del hecho.
Días violentos
La frase ”bandas rivales” es una de los más usadas por las autoridades de seguridad por estos días, cuando hablan de la ola de crímenes cometidos en enero y febrero. De hecho, en lo que va de 2023, los estamentos de seguridad del Estado y el Ministerio Público han desarrollado al menos 11 operaciones en las que se han detenido por lo menos a 150 personas por diversos delitos: hurto de autos, homicidios, secuestro, trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y delitos financieros.
Pablo Villareal, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Judicial, participó en la operación Martillo, realizada en las últimas horas en distintos puntos del país, entre ellos San Miguelito. Villarreal aseguró que ciudadanos extranjeros que forman parte de grupos criminales locales introducen “nuevas estrategias delictivas” que han sido puestas en práctica en Panamá. Agregó que una de estas modalidades son los ciberdelitos, en los que se crean plataformas de servicio falsos en los que se solicita información bancaria para sustraer dinero de las víctimas. Otra táctica exportada de las fábricas del crimen de otros países son las formas de asesinatos, principalmente en caso de los llamados “ajustes de cuentas”: decapitaciones y mutilaciones, entre otras técnicas macabras.
El agente también explicó que muchos de los homicidios y casos de lesiones personales registrados en el transcurso del 2023 están relacionados con pandillerismo y venta de drogas. Es la tesis que repite una y otra vez el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino. La teoría también la comparte Adecio Mojica, fiscal de homicidio y femicidio de San Miguelito.
En lo que va del 2023, en el país se han cometido 55 homicidios, que en su mayoría están ligados con el narcotráfico. A este número habría que sumarle los tres asesinatos de ayer viernes.
El fiscal Mojica, quien participó de la operación Martillo en busca de personas implicadas en homicidios y femicidios, dijo que se realizaron 26 allanamientos a nivel nacional, 10 de ellos en San Miguelito, en donde se detuvo a dos personas implicadas en homicidios.
Mojica reconoció que los meses de enero y febrero de este año “han sido violentos”. En tanto, la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio realizó allanamientos en Tocumen, El Chorrillo y Felipillo, en la capital, zonas donde capturaron a dos personas implicadas en el homicidio de un taxista.
En medio de la ola de violencia, el ministro Pino anunció la instalación de 200 cámaras de vigilancia en San Miguelito, herramienta que podría servir para dar respuesta rápida a situaciones de inseguridad.
Pino enfatizó que en los crímenes registrados este año se ha detectado la participación de menores de edad, que son usados por pandillas para perpetrar ataques contra potenciales rivales. También criticó “el exceso de garantías” que se da a los menores infractores, sobre todo a los implicados en delitos graves. “Hay casos en que la policía los detiene y en poco tiempo están nuevamente en las calles”, manifestó.
Entre las operaciones más relevantes de este año está Omega, en la que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada detuvo a seis personas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral.
En tanto, con la operación Apache, realizada a mediados de enero, se detuvo a 15 personas, miembros de una red dedicada al hurto de carros en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. Los automóviles eran enviados a Centroamérica.
Mientras que el pasado 30 de enero se detuvo a 12 personas implicadas en el secuestro de un ciudadano por cuya liberación se exigía el pago de $60 mil.
Pero, la estrategia usada por las autoridades que más llamó la atención se ensayó en San Miguelito: reforzar la seguridad de ese distrito con personal del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
De acuerdo con reportes del Ministerio de Seguridad Pública, en ese distrito, ubicado en el área metropolitana del país, operan al menos 24 pandillas y algunas de ellas se disputan el control del territorio para la venta de droga.
“Lo que está pasando en San Miguelito se debe a tumbes de droga que han despertado viejas rencillas y promueven peleas por el control del territorio entre grupos delincuenciales, que son responsables del 80% de los homicidios registrados”, reconoció el ministro Pino.
En enero y febrero del 2022, en el país se cometieron 79 homicidios: 23 en enero y 56 en febrero.
