La jueza de garantías Luzmila Jaramillo concedió la medida cautelar de notificación periódica para los 83 miembros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) imputados por los delitos de lesiones personales, daños y privación de libertad, tras los enfrentamientos con agentes de la Policía durante una jornada de protesta contra las reformas de la Caja de Seguro Social.
La jueza Jaramillo también les aplicó la medida cautelar de impedimento de salida de la provincia de Panamá y la prohibición de acercarse a las víctimas.
Los imputados deberán comparecer los días 15 y 30 de cada mes para notificarse ante las autoridades. También se les advirtió que la medida puede ser revertida si no cumplen con lo dispuesto por la jueza de garantías.
La sesión se inició a las 8:40 a.m. de este miércoles 19 de febrero con la presentación de los alegatos de los cinco últimos defensores, tras lo cual la jueza decretó un receso abierto para analizar los elementos de vinculación presentados por la Fiscalía y las alegaciones de los abogados defensores.
Durante una audiencia que se extendió por seis días, la jueza Jaramillo estimó que las medidas aplicadas son cónsonas para seguir con el proceso judicial.
En la audiencia, las fiscales Elizabeth Carrión, Yanibeth Barraza y Yina Díaz solicitaron la detención preventiva de los obreros, tras alegar que las conductas desplegadas por estos generaron una situación de peligro generalizado para la sociedad y ocasionaron graves daños a las instalaciones del nuevo Hospital del Niño, que podrían superar el millón de dólares. También detallaron que los obreros utilizaron objetos contundentes, como pedazos de hierro y bloques, para atacar a los miembros de la Policía, lesionando de gravedad a varios de ellos.
Las fiscales aportaron como evidencia una serie de videos proporcionados tanto por la Policía como por drones, que serán valorados en la fase intermedia del proceso.
Durante la audiencia, los abogados defensores alegaron que algunos de los imputados eran trabajadores que no participaron en los enfrentamientos y que solo se refugiaron dentro de las edificaciones del Hospital del Niño para evadir los gases lacrimógenos lanzados por la Policía.
También explicaron que los policías no pudieron hacer una identificación positiva de los obreros que participaron en los enfrentamientos y detuvieron a muchos solo por estar en la obra.
Durante los seis días de audiencia, familiares y amigos de los procesados se mantuvieron en las afueras de las instalaciones del Centro de Formación y Recreación (CEFRE) de la Caja de Seguro Social, donde sesionó el juzgado.
Algunos señalaron que desde el día de su aprehensión no han tenido contacto con sus familiares y que algunos fueron golpeados por los miembros de la Policía.
Por su parte, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, alegó que el proceso contra los obreros es una muestra de la persecución política que el sindicato enfrenta por su oposición al proyecto de reformas que se discute en la Asamblea Nacional para modificar la Ley de la Caja de Seguro Social, el cual, según él, pretende ser impuesto por el gobierno.
Méndez planteó que el Suntracs seguirá en las calles junto a otras organizaciones populares para oponerse al citado proyecto.
