Este jueves se presentó una denuncia administrativa contra aquellos funcionarios de la Presidencia de la República que pudieron haber obviado los controles en la distribución de $149 millones en bonos del plan Panamá Solidario.
La acción, presentada en la Procuraduría de la Administración por el abogado Ernesto Cedeño, responde a una investigación del diario La Prensa en la que se informa que el Ministerio de la Presidencia conocía que una pequeña fábrica de quesos artesanales en Chité tenía $960 mil en bonos solidarios, pese a que no era parte de este programa de asistencia social.
Una auditoría interna de la Presidencia recomendó presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pero por alguna razón, eso nunca se hizo. El ministro de la Presidencia en aquella época era el vicepresidente de la República y actual candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo.
El mismo informe de auditoría interna habla de “debilidades” en la distribución de los bonos solidarios.
Según la denuncia de Cedeño, la actuación de los funcionarios encargados del programa sería violatoria de la Constitución, que señala en su artículo 17 que las autoridades están obligadas en cumplir y hacer cumplir la ley.
Luego de haber leído las noticias que ha publicado el diario @prensacom sobre el manejo de los bonos del plan solidario he decidido llevar el asunto ante el Procurador de la Administración @ProcuadmonPma . Lo haré en la tarde de hoy. Hay que jugar el papel ciudadano. pic.twitter.com/IdTxiUKNcI
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) July 13, 2023
Cedeño recordó que el pleno de la Corte, en una sentencia del 29 de abril de 2015, interpretó que ese artículo 17 “no solo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden [constitucional y legal] y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales”.
Otro posible violación sería al artículo 15 del Código de Ética de los Servidores Públicos (que dicta que los funcionarios deben mostrar un comportamiento irreprochable) y al artículo 83 del Código Penal, sobre la obligación de reportar los delitos que conozcan en el ejercicio de su cargo. Todo eso fue obviado, según anotó Cedeño en su denuncia.
La quesería Joselito, en Chitré, no pudo cobrar los bonos, porque la empresa Vale General, S.A., lo impidió y advirtió de esta anomalía a la Presidencia.
Hasta ahora, la Presidencia ha guardado silencio y no ha explicado por qué no se llevó el caso al Ministerio Público, como pidieron sus propios auditores internos.
