Al menos 1,061 personas fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad panameñas durante las tres semanas de protestas contra un polémico contrato minero en Panamá, la mayoría acusadas de cometer actos vandálicos en diferentes puntos del país, que vive una de las peores crisis en décadas.
Los m.061 arrestados, 134 de ellos menores, fueron aprehendidos “por vandalismo, daños a la propiedad, otros delitos y faltas administrativas”, según informó el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado.
“El Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal ha abierto 175 investigaciones, resultando 60 personas aprehendidas por la comisión de diversos delitos (...) de los cuales ya han sido condenadas 13 personas, con penas que oscilan entre 40 y 60 meses de prisión”, detalló la nota.
Además, al menos 40 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante las protestas, “cinco por agresiones físicas, 28 por objetos contundentes y siete con armas de fuego, de los cuales hay dos hospitalizados y 19 incapacitados”.
También se contabilizaron daños por actos vandálicos en al menos 63 locales comerciales, 19 instalaciones gubernamentales y cinco estaciones policiales. Al menos 66 vehículos, 34 de ellos policiales, sufrieron desperfectos.
El Ministerio de Salud reveló también este domingo que hasta la fecha se han dejado de atender 21,595 citas en todo el territorio nacional debido a los cortes de carreteras por las protestas, que han semiparalizado el país.
La situación crítica es palpable en las tiendas, donde escasean muchos productos, e incluso se ha duplicado el precio de los más solicitados, teniendo también que cubrir los ventanales con paneles de madera o reducir los horarios de apertura para evitar las horas de la tarde en las que se han repetido los actos violentos.
La crisis en Panamá estalló el pasado 20 de octubre, cuando tras un debate exprés de tres días el presidente Laurentino Cortizo ratificó el contrato ley 406 entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), que permite la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Las protestas, ininterrumpidas desde el pasado 23 de octubre, incluyeron manifestaciones multitudinarias de jóvenes que criticaban sobre todo el impacto medioambiental de la explotación minera y las amplias concesiones sobre la soberanía nacional a la empresa, por lo que reclamaban la derogación de la ley.
Sin embargo, tras la aprobación en el Parlamento de una moratoria minera y la decisión de que la ley 406 no debía ser derogada, sino que habría que esperar a una posible declaración de inconstitucionalidad para evitar una pena millonaria durante un arbitraje internacional, las convocatorias se han reducido considerablemente.
Algunas de las principales organizaciones ambientalistas contra el polémico contrato iniciaron este domingo una vigilia permanente frente a la Corte Suprema de Justicia, donde se instalarán hasta que ésta se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad del acuerdo.