La Fiscalía Anticorrupción comenzó de oficio una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública por el contrato entre el Municipio de San Miguelito con la empresa colombiana Archivos, Procesos y Tecnología, S. A. (Arprotec) para la privatización temporal del servicio de recaudación de impuestos municipales, pese a la crisis económica que enfrenta el país por la pandemia del nuevo coronavirus.
La fiscal adjunta Anticorrupción, Mareilys Díaz, argumentó que la investigación se sustenta en el título primero del Código Penal que regula las diferentes formas de peculado.
En plena cuarentena absoluta el pasado sábado 18 de abril el Concejo de San Miguelito aprobó con “urgencia notoria” al alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, contratar directamente y con opción a prórroga a Arprotec por 800 mil dólares, incluido el impuesto, para los servicios de consultoría, cobro, recaudación de tasas, tributos y contribuciones municipales.
Se conoció que durante la reunión no estaba presente el fiscalizador de la Contraloría General de la República. Al ser cuestionado en su momento Valdés Carrasquilla defendió la contratación y dijo sería “irresponsable” dejar que termine la crisis para entonces recaudar los impuestos.
La contratación para agilizar los cobros persuasivos y coactivos a los contribuyentes en San Miguelito se hará en medio de la peor crisis de salud y económica de las últimas décadas.
El contrato señala que la disponibilidad de fondos para pagar al contratista “están asegurados por los recaudos del mes inmediatamente anterior·, para lo cual deberá crearse una reserva contable que garantice el fiel cumplimiento” de la obligación.
El representante del corregimiento de Omar Torrijos, Chayan Polo, afirmó que solicitó la suspensión de la discusión de la contratación, ya que no cuentan con los fondos para afrontar este gasto, pero que no fue respaldado por sus colegas. Poco después, narró que tuvo que retirarse de la reunión.
Valdés Carrasquilla aseguró que fue la empresa la que se acercó para presentar su proyecto de cobro.
La contratación llegó en menos de diez días de que los miembros del Concejo autorizaron al alcalde para gestionar la contratación de una empresa privada para hacer los cobros.
La representante del corregimiento Arnulfo Arias Madrid, Gertrudis Kirton, aseguró estar sorprendida de que se contratara a Arprotec para el cobro de impuestos debido a que el pasado 8 de abril fue una de las que se opuso a que se explorara una contratación para estos servicios en tiempo de crisis.
“Esto es una locura, estoy sorprendida. Hace pocos días antes fue que el alcalde [Valdés Carrasquilla] pidió autorización para explorar una contratación a la que me opongo”, afirmó.
