La Procuraduría General de la Nación (PGN) lo niega, mientras que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, afirma que es información de carácter confidencial.
Ambas instituciones fueron mencionadas en una noticia de la agencia EFE en la que se señalaba que el presidente de la Autoridad de Blanqueo de Capitales de Grecia, Jarálambos Vurliotis, había solicitado información respecto a posibles trasferencias de dinero, realizadas desde Catar, a las cuentas de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kailí, y su pareja, el italiano Francesco Giorgi, en Panamá.
Kailí y Giorgi se encuentran en detención preventiva en Bruselas, Bélgica. Allí, un juez los ha imputado por delitos de presunta participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, como parte de una investigación por la trama de sobornos en la Eurocámara, supuestamente vinculada a Catar y Marruecos.
Según información publicada en internet, la pareja tendría supuestos depósitos en Panamá con un valor estimado en $28 millones, provenientes de Catar, a cuentas en el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex). EFE detalla que la cuenta destino estaría a nombre de Kailí, en la que se habrían depositado $20 millones, otros $4 millones a una cuenta en la que figuraría su padre Aléxandros y los $4 millones restantes a un depósito abierto a nombre de su madre, María Ignatiadu.
No existen solicitudes
En respuesta a información solicitada por La Prensa, el Ministerio Público (MP) señaló desconocer la existencia de peticiones de información o asistencias desde Grecia.
“El Ministerio Público de Panamá no ha recibido a la fecha solicitud formal de asistencia judicial de parte de Grecia sobre el particular que menciona”, fue la respuesta.
Por su parte, la UAF se respalda en el artículo 55 de la Ley 23 de 2015, que señala que al ser dicha institución una entidad de seguridad del Estado, debe mantener bajo confidencialidad la información que recopila y analiza.
“Dicha información solo podrá ser revelada al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal y a las autoridades jurisdiccionales conforme a las disposiciones legales vigentes, tal como se establece en el artículo 55 de la Ley 23 de 2015. Así mismo, la Ley 6 de 2002, sobre transparencia y hábeas data, identifica a la información de esta unidad como información confidencial y de acceso restringido”, alegó la UAF por escrito, ante una consulta de La Prensa.
El banco se deslinda
En un comunicado emitido en su página web, el banco Bladex –que se define a sí mismo como una multinacional dedicada fundamentalmente a otorgar financiamiento para comercio exterior a otros bancos y grandes corporaciones en Latinoamérica- califica la información como falsa. Además, ratifica haber hecho la debida diligencia y la trazabilidad de las operaciones y no hay, ni ha habido, relación alguna, directa o indirecta de las personas cuestionadas con la institución, sostiene.
“No ofrecemos servicios bancarios a personas naturales y no hacemos transferencias a terceros, razón por la cual podemos afirmar categóricamente que la información e imágenes que han sido divulgadas son falsas”.
El abogado de Kailí en Grecia, Mijalis Dimitrakópulos, ha cuestionado desde el principio la autenticidad de los documentos bancarios en cuestión, argumentando que son “manifiesta y obviamente falsificaciones”.
