El procurador (encargado) de la Nación, Javier Caraballo, informó ayer miércoles que el Ministerio Público (MP) practicó cuatro diligencias de inspección ocular en la Caja de Seguro Social (CSS) en busca de indicios para establecer el paradero de 19 mil dosis de fentanilo que se llevaron de esa entidad.
No precisó cuándo fueron practicadas esas cuatro diligencias: si en noviembre, cuando la CSS se dio cuenta que no estaban las ampollas de fentanilo, o desde la semana pasada, cuando todo el país se enteró de la desaparición.
Después de un acto de rendición de cuentas de sus dos años de gestión, Caraballo explicó a los medios de comunicación que las diligencias se realizaron en el almacén central, el almacén del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, la dirección médica y la farmacia de la CSS, para determinar el funcionamiento de la cadena logística recorrida por los medicamentos hasta su llegada al usuario final.
Caraballo precisó que se deben conocer los procedimientos usados por los funcionarios para el manejo de estos medicamentos, al igual que los protocolos que permiten su uso por parte de los médicos.
A pesar de que la primera denuncia por la pérdida del fentanilo fue presentada al MP en noviembre del 2022, no fue hasta el pasado 6 de marzo de 2023 que la CSS envió el informe de auditoría que daba cuenta de la desaparición de 19 mil dosis de la sustancia; originalmente, se había dicho que eran 10 mil ampollas.
En ese sentido, Caraballo explicó que aún es “muy prematuro” establecer responsabilidades sobre la pérdida del fentanilo y por ello se realizan inspecciones para conocer el manejo que se le daba a este producto dentro de la CSS.
Caraballo, que antes fue fiscal antidrogas, reconoció que se trata de una sustancia muy codiciada por los carteles de la droga que la usan para la elaboración de drogas muy potentes y que pueden causar la muerte.
Se conoció que la Fiscalía Anticorrupción giró un oficio a la CSS para establecer el monto de la posible lesión patrimonial ocasionada al Estado por la pérdida de estas ampollas.
Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, consideró que es un caso en el que se debió actuar de forma rápida y adoptar medidas administrativas necesarias para evitar más pérdidas. Estimó que es una situación que puede afectar la imagen internacional del país.
