New Business: los Arias cuentan su versión de la venta de Epasa

Francisco Arias Vallarino y su hijo Francisco Arias Galindo fueron los dos últimos testigos que se presentaron ayer jueves en el juicio del caso New Business , proceso donde se investiga la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), con supuestos fondos públicos. Ambos acudieron al estrado como testigos de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), uno de los 15 imputados actualmente enjuiciados. Son miembros de la familia que en 2010 vendió Epasa. El padre actuó en esa transacción como negociador, en nombre de los entonces accionistas, y contrató a su hijo para que lo asistiera como abogado. El primero en comparecer fue Arias Vallarino, de 83 años de edad. Explicó que en 2010 era el presidente de Epasa. Contó que en noviembre de 2010, Henry Mizrachi le pidió una cita y él lo recibió en su residencia, en la avenida Balboa. Mizrachi le dijo que había “interés de un grupo” por adquirir Epasa. La editora ni siquiera estaba en venta, pero él trasladó el mensaje de Mizrachi al resto de los accionistas, quienes lo autorizaron para explorar la oferta. Cuando Arias Vallarino le preguntó a Mizrachi quiénes eran sus socios en esta transacción, él contó que eran Alberto Esquenazi y Moisés Levy (q.e.p.d.). Ricardo Chanis, en tanto, actuó como abogado de los compradores. Cuando la compra se completó, Chanis quedó como presidente de la editora. Arias Vallarino contó que recibió una oferta de $34 millones, incluyendo activos y pasivos, pero de allí había que reducir lo que correspondía a los impuestos. El primer pago fue un cheque de $5 millones, como anticipo, y el resto se finiquitó cuando se transfirieron las acciones a la sociedad TPAHC, Inc. Recibió cheques de gerencia tanto para el depósito de $5 millones como para el resto. “¿Se le hizo referencia de los accionistas interesados en comprar el medio?”, preguntó al testigo el abogado Luis Eduardo Camacho González, abogado de Martinellli. Arias Vallarino contestó que no. Camacho González le preguntó si Martinelli le hizo alguna propuesta para la compra de diario. “No”, fue su respuesta escueta. Después, cuando le tocó a su hijo declarar, él también contó que “en ningún momento fuimos abordados por el señor Ricardo Martinelli”. Francisco Arias Galindo coincidió con su padre: el contacto lo hizo Mizrachi, en noviembre de 2010, quien les dijo que hablaba en nombre de “un grupo de la comunidad judía” interesado en adquirir la editora. También le preguntó si habrían hecho una investigación de la procedencia del dinero y el testigo dijo que no. Arias Galindo confirmó que las acciones de Epasa fueron endosadas a la sociedad compradora TPAHC, Inc., una vez se completó la venta. El testigo también fue interrogado por José Félix Martín, abogado de Daniel Ochy. Dijo que no conocía a Ochy y no había escuchado de su empresa Transcaribe Trading (TCT), una de las contratistas del Estado que, según consta en el expediente, fue contactada para que hiciera desembolsos para completar la compra de Epasa. Un día antes, en el segundo día de juicio, testigos de la fiscalía revelaron quién tenía la mayoría de las acciones de Epasa. Gabriel Gaby Btesh, quien era miembro del círculo cero de Martinelli, narró que en diciembre de 2010, Martinelli lo llamó y le solicitó que “por favor” le recibiera unos fondos que enviaría David Ochy, hermano de Daniel y mandamás de TCT, para transferir a la cuenta de New Business, “para la compra del periódico Panamá América ”. En ese entonces, a TCT se le había adjudicado el contrato para la ampliación de la autopista Arraiján - La Chorrera. “Dicho eso, el señor David Ochy me llama y me dice que el señor Ricardo Martinelli lo había llamado para informarle que tenía que transferirme unos dineros a la cuenta de New Business. Cuando me dijo el monto, $3 millones, le informé que era demasiado dinero para yo recibir y le tuve que pedir el favor a mi hermano [Mike Btesh] y a su socio [Danny David Cohen], para que me recibieran una parte de los dineros que el señor Ochy me estaba entregando”, narró. Chanis, que fue el abogado que representó a los compradores, ya declaró como testigo de la fiscalía y dijo en el estrado que “el señor Ricardo Martinelli es el beneficiario final de esa empresa y por eso lo conozco durante este tiempo”. En el gobierno de Martinelli, Chanis fue miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros y Mizrachi, de la de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Arias Galindo fue el último testigo de la jornada de ayer. Cuando se retiró, los abogados defensores Rosendo Miranda y Alfredo Vallarino preguntaron a la juez Baloisa Marquínez sobre los esfuerzos que se han hecho para que acudan a declarar dos testigos protegidos. El fiscal Emeldo Márquez explicó que se intenta ubicar a ambos testigos con la ayuda de sus respectivos abogados. Al respecto, la juez indicó que la declaración de ambos testigos protegidos está en el expediente y que “la defensa podrá hacer sus valoraciones en la fase de alegatos”. Acto seguido, cerró la sesión, que debe reanudarse hoy viernes, a las 9:00 a.m. La jornada de ayer jueves también se caracterizó por la ausencia de 18 de 35 testigos nombrados hasta ahora. La secretaría del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales informó que solo tres presentaron incapacidad médica, mientras que el resto no dio explicaciones sobre su incomparecencia. Camacho González pidió a la juez que suspendiera el juicio por cinco días, hasta lograr la comparecencia de los testigos. Gladys Quintero, abogada de Gonzalo Gómez, también solicitó que logre la comparecencia de dos testigos protegidos de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada. Marquínez rechazó la petición de suspender el juicio. Antes que lo hiciera los Arias, declararon en la jornada de ayer otros testigos. El primero fue Oswaldo Borrell, vicepresidente senior de banca de empresas de Global Bank, a cargo de los clientes de la Zona Libre de Colón, quien fue requerido por la defensa de Martinelli. Borrell explicó que durante su gestión fue contactado por el equipo de cumplimiento de Global Bank, cuando a la cuenta de la sociedad New Business, de Moisés Levy, empezó a entrar dinero en cantidades llamativas. Levy había avisado que recibiría unos fondos que serían utilizados para comprar Epasa. El testigo también explicó que esa transacción produjo una alerta que fue enviada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por actividad sospechosa, pero que desconocía los detalles, pues, de esa tarea se encargaba el equipo de cumplimiento del banco. También recordó que para realizar esa transacción, Levy solicitó una dispensa temporal para determinar si era correcta y se revisaron los estados patrimoniales del cliente. También compareció la testigo Gracy Rodríguez, secretaria de la firma de abogados Benedetti Services Abogados, quien explicó que en ocasiones se le pagaba la suma de $25 para que, en su condición de “directora nominal”, firmara documentos de supuestas reuniones de la junta directiva de Epasa. También se presentó el testigo Dorian Ulloa, empleado de la firma Chanis y Asociados. Contó que firmó un acta de reunión de Epasa, sustituyendo a Ricardo Chanis, como presidente, pero explicó que dicha reunión nunca se realizó. “Solo se hizo en papel”, declaró. Mientras que Elva Gordón Chiari, contadora de profesión, compareció como testigo de Daniel Ochy. Gordón dijo que realizó un informe pericial del anticipo de $22.1 millones entregado a TCT, por el contrato de la autopista. Aseguró que el adelanto entregado se utilizó para diversos aspectos del proyecto y que ese dinero fue devuelto al Estado posteriormente. Narró que realizó el informe en junio de 2017 y que fue contratada por el administrador de TCT, cuyo nombre no recordó. Contó que las cuentas de TCT se encontraban en el Banco Internacional de Costa Rica y en el Global Bank. Informó que TCT envió $2 millones a la cuenta canasta de New Business, pero que ese dinero formaba parte de un crédito prendario gestionado en Global Bank.

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