Nicolás Corcione, uno de los condenados por el caso New Business, solicitó a la Autoridad de Pasaportes de Panamá, que le expidiera un pasaporte para salir del país, pese a que tiene impedimento de abandonar el territorio panameño sin autorización judicial.
Sin embargo, Sonia Luzcando, administradora general de la Autoridad de Pasaportes, negó su pretensión basándose en el artículo 35 (numeral 3) de la Ley 32 del 23 de abril de 2023, que rige la institución. Esta norma establece que la entidad podrá rechazar la emisión de pasaportes cuando exista impedimento de salida del interesado dictado por autoridad competente.
Corcione no se conformó con la respuesta y le envió otra nota, afirmando que “es potestad de la administradora general dar el visto bueno para la expedición del pasaporte”. A raíz de esto, Sonia Luzcando consultó sobre el tema a la Procuraduría de la Administración.
La opinión de la Procuraduría de la Administración
El procurador Rigoberto González respondió que la actuación de Luzcando es legal. También opinó que se trata de un acto “administrativo materializado, que goza de presunción de legalidad, tiene fuerza obligatoria inmediata, y debe ser aplicado mientras sus efectos no sean suspendidos o se declaren contrarios a la Constitución Política”.
También explicó que las medidas cautelares son un instrumento al alcance de los jueces y tribunales, con el objetivo de garantizar la eficacia de un proceso y la correcta ejecución de su sentencia; por lo cual deben ser proporcionales y emitidas siempre que existan indicios que justifiquen su adopción, ya que suponen una restricción de derechos personales.
Nicolás Corcione está condenado a la pena de seis años de prisión, junto a su hermano José Carlos, por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, proceso que investigó la compra de Editora Panamá América con fondos públicos.
Ambos fueron absueltos en primera instancia por la juez Baloisa Marquínez, pero luego el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, en un fallo del 31 de mayo de 2024, al resolver una apelación de la fiscalía, los condenó a prisión.
Además, el tribunal ordenó el comiso de los dineros, títulos y valores aprehendidos por el Ministerio Público desde abril de 2018.
Rodolfo Palma, abogado de los hermanos Corcione, presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la condena, recurso que aún se encuentra en trámite.
La vinculación
La vinculación de los Corcione en este caso surge cuando, en el año 2010, al Grupo Corcione se le adjudicó un contrato para el diseño, construcción y dotación del edificio de la Asamblea Nacional. Como adelanto por ese contrato, la empresa recibió $1.9 millones. Ese dinero, según la investigación, fue transferido a Grupo Clio (una sociedad controlada por los Corcione) y, finalmente, depositado en la cuenta de New Business.
En este caso también se encuentran condenados el expresidente Ricardo Martinelli (128 meses de prisión), Daniel Ochy (96 meses), Iván Arturo Arrocha (80 meses), Janeth Vásquez (60 meses), Gonzalo Germán Gómez (80 meses) y Valentín Martínez Vásquez (80 meses). Este último presentó un recurso de revisión que también se encuentra en la Sala Penal, pendiente de fallo.
