Una denuncia penal por la posible comisión del delito contra la administración pública fue presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap).
El recurso fue interpuesto por el presidente de la Cámara, Juan Arias, junto con el equipo legal.” No es suficiente con indignarse, es momento de actuar, dijo”.
A través de un comunicado, la Cciap explicó que la denuncia va dirigida tanto a funcionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la Contraloría General de la República o cualquier otra institución del Estado así como individuos privados que hayan recibido dineros de forma indebida, para que “les caiga todo el peso de la ley” sin importar de quien se trate.
“No se trata tan solo de castigar a los responsables, sino de enviar un mensaje claro y contundente: en Panamá, no toleraremos la corrupción”, destacó el comunicado.
Hace una semana, el sector empresarial instó a las nuevas autoridades a presentar las denuncias penales que correspondan.
#CámaraOpina "Desde que conociésemos de la falta de transparencia y la discrecionalidad en el otorgamiento de los Auxilios Económicos por parte del @IFARHU advertimos que no nos podíamos quedar callados, ni mucho menos ser indolentes frente a los hechos." @juanariaspty 🧵1/2 pic.twitter.com/rU97j7vbEK
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) July 14, 2024
Para la Cámara, parte de las claves para que el país camine hacia el desarrollo residen en la educación y el adecentamiento de la cosa pública. “Desde que conociéramos de la falta de transparencia y la discrecionalidad en el otorgamiento de los auxilios económicos por parte del Ifarhu advertimos que no nos podíamos quedar callados, ni mucho menos ser indolentes frente a los hechos”, agregó.
La Cciap señaló que es inaceptable que quienes deben velar por el buen uso de los recursos públicos “fallen en su deber y traicionen la confianza de la ciudadanía”.
“Por esto, esperamos de todos los nuevos funcionarios se conduzcan de forma transparente y honesta. Además, exigimos al Contralor General de la República devele de una vez por todas quiénes son los beneficiarios de estos auxilios económicos, que él decidió ocultar sin justificación moral alguna”.
“La impunidad no puede ser una opción, la lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida – todos debemos involucrarnos - y solo a través de la unidad y la determinación lograremos construir un país de oportunidades”, añade.
Esta acción penal se produce semanas después del escándalo y la creciente indignación ciudadana por el desembolso de millones de dólares de manera discrecional -durante la pasada administración dirigida por Laurentino Cortizo- en el polémico programa de auxilios económicos.
Una base de datos revelada por La Prensa reveló que 2,144 personas se beneficiaron entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023. El monto desembolsado fue por $141.6 millones. No obstante, estas cifras sólo representan una parte del panorama completo, ya que aún se desconocen los beneficiarios de otros 2,759 desembolsos. Por ello es que la Cciap insta a Gerardo Solís, contralor, a revelar la información.
Muchos de los auxilios económicos fueron asignados a funcionarios y familiares de ministros, diputados, diplomáticos, proveedores del Estado, miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD), incluyendo al expresidente Cortizo. Igualmente otorgaron estas ayudas a personas sin aparente necesidades económicas.
José Raúl Mulino, presidente de la República, prometió que las ayudas económicas serán destinadas únicamente a estudiantes con mérito y cuyas familias tengan ingresos no superiores a los $2,000 por mes. Además, aseguró que e Ifarhu dejará de ser un “símbolo de excesos y favoritismos”.
