La juez de garantías, Kerine Jaén, validó acuerdos de pena por 60, 62 y 68 meses de prisión a cinco personas detenidas en la Operación Jericó, tras aceptar haber participado en una estructura criminal que introducía drogas por Darién, la comarca Guna Yala y las costas del Pacífico panameño.
La juez Jaén validó acuerdos de pena de 60 meses de prisión para Kelly Joana Soto, Karol Nicole Orantes Martínez y Carlos Martínez. También admitió los acuerdos de pena de 68 meses de cárcel para Alejandro Josué Rodríguez y de 62 meses para Richard Antonio Lamparero.
En los casos de Soto y Orantes Martínez decidió conceder un reemplazo de la pena de prisión por trabajo comunitario. En el caso de Soto, se le permitió desarrollar trabajo comunitario en la Junta Comunal de Mateo Iturralde, en el distrito de San Miguelito.
Mientras que para Orantes Martínez se dispuso que el trabajo comunitario lo puede desarrollar en la Junta Comunal de Las Lajas, Dolega, en la provincia de Chiriquí.
En tanto, para Alejandro Rodríguez Bascombe, la juez dispuso mantener su detención provisional hasta ser evaluado por médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), a fin de certificar los problemas de salud que padece y que fueron expuestos por su abogado durante la audiencia, quien solicitó que se le conceda una medida de depósito domiciliario.
En el desarrollo de la sesión, los cinco imputados aceptaron haber participado activamente en conversaciones y reuniones con miembros de la red criminal para el transporte de droga proveniente de Colombia, hasta la frontera con Costa Rica, en autos con doble fondo.
El fiscal de drogas, Julio Campines, relató que se tienen constancias de que los procesados tenían relación con Francisco Serrano, uno de los cabecillas de la red criminal, para el transporte y almacenaje de los estupefacientes en un taller de mecánica ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, provincia de Panamá.
La Operación Jericó, iniciada el 30 de junio de 2023, destapó una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según la Fiscalía de Drogas. Con 24 eventos documentados en 40 tomos, la investigación incluye 1,666 interceptaciones telefónicas y 153 diligencias de vigilancia. Un equipo de la DIJ transcribió las escuchas y relacionó a 34 miembros de la red, quienes hablan de sus actividades delictivas.
Entre los implicados en este caso se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, vinculado al lavado de dinero a través de la empresa Servicios Múltiples Rama S.A, que tenía contratos con entidades públicas.
La semana pasada fue extraditado desde Colombia Néstor Sánchez, uno de los presuntos cabecillas de esta red criminal. Sánchez quedó detenido tras imputársele cargos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas.
