Otro caso en el que se investigaba supuesta corrupción, fue archivado. Se trata del proceso denominado call center, que le seguía la pista al presunto uso de recursos del Estado en la operación de un centro de llamadas que operó en la campaña política de 2014 para beneficiar al candidato oficialista de la época.
Esto es así porque el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales no admitió un recurso de casación presentado por el fiscal anticorrupción de descarga, Edwin Juárez, que buscaba dejar sin efecto el sobreseimiento del caso, en el que se investigó la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, estafa, y peculado, proceso en el que vinculó al exviceministro de Comercio e Industrias, Luis Eduardo Camacho González, y a la exdirectora de Migración, María Cristina González.
¿Por qué se desestimó este caso? Porque el tribunal precisó que en el caso de Luis Eduardo Camacho González, no puede atribuírsele responsabilidad penal por el delito de peculado, ya que no existen pruebas de que tenía bajo su custodia los dineros que fueron asignados a funcionarios que laboraban en el Ministerio de Comercio e Industrias y que a su vez laboraban en otra institución y que presuntamente trabajaban en un call center.
En cuanto a María Cristina González, el tribunal estableció que no se probó la responsabilidad de la investigada, ya que durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción no presentó argumentos en cuanto a su responsabilidad penal.
LA HISTORIA
La investigación se inició en mayo del 2014, a raíz de que uno de los supervisores del centro de llamadas, Giancarlo Terán, reveló la existencia de ese call center, que -según su relato- estaba al servicio de la campaña política de José Domingo Arias, el candidato a la presidencia de la República de Cambio Democrático (CD), el entonces partido oficialista, para las elecciones del 2014. En el caso de Terán, a quien se acusó de tráfico de influencias, se declaró prescrita la acción penal.
En su declaración inicial Terán aseguró que el gasto de funcionamiento era financiado con partidas de la Asamblea Nacional. Pero, además contó que una parte de su salario lo recibía del Ministerio de Comercio e Industrias y que recibía órdenes de Salomón Shamah (entonces ministro de Turismo) y de María Cristina González.
El centro de llamadas de CD operaba en el edificio H2O de la avenida Balboa. De acuerdo con Terán, la sucursal de CD en el H2O era apenas uno de los tres call center que operaban.
Durante la investigación la fiscalía realizó una diligencia de inspección en el citado centro.
